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Fiscalía investiga si hay hechos concretos en denuncia interpuesta por muertes de coronavirus

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  • Denuncia por presunto homicidio culposo fue colocada por el ciudadano Javier Iturrarán.
  • También por presunta omisión de funciones contra exgerente general, ex jefe de logística del gobierno regional, entre otros como el empresario Álex Gunner Alván.

A través de la disposición fiscal 001-2020 de fecha 13 de julio, se conoció el inició de las diligencias preliminares por un período de 8 meses. La segunda fiscalía provincial penal corporativa que despacha Mario Figueroa, viene citando a varios para el interrogatorio correspondiente a partir del 17 de agosto 2020.
La denuncia penal fue presentada por el ciudadano Javier Iturrarán, el 19 de junio a raíz del fallecimiento de su hermana el pasado 4 de mayo en el hospital regional, señalando que los funcionarios del gobierno regional no habrían atendido debidamente las necesidades de la emergencia sanitaria (Covid-19) que se les requirió con suma urgencia, a pesar de tener todo el presupuesto y las facultades para ejecutar el gasto, considerado prioritario.
Por ello, el fiscal responsable, Guillermo Figueroa Cruz, ha considerado como circunstancias precedentes, la Resolución Ejecutiva Regional No 235-2019 del 7 de mayo del 2019, documento que le da amplias facultades administrativas presupuestales, contrataciones, entre otros, al gerente general Danilo Tello Pezo.
Facultad, desde mucho antes de la pandemia, para asumir la discrecionalidad y decisión sobre los recursos del Gobierno Regional de Loreto. Aparte de tener pleno conocimiento de las disposiciones expedidas por el gobierno central para actuar ante la situación de emergencia que mostraba igual el inicio del Covid en nuestra región.
Normativas como el DS No. 008-2020 del 11 de marzo, o la Resolución Ministerial No. 95-2020-MINSA, del 18 de marzo donde se aprueba el Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del Covid-19. Asimismo, la Resolución Ministerial No. 96-2020-MINSA, también del 18 de marzo, en la que se transfiere al Gorel S/.2´349,364.00, entre otras disposiciones normativas; todos a favor de coadyuvar a la lucha contra el Covid.
La circunstancia concomitante que evaluó la Segunda Fiscalía, está referida al ofrecimiento del uso de 40 millones de soles, que el gobernador anunció públicamente el 18 de marzo, es decir a solo 3 días de haberse iniciado la pandemia. Hecho que se manifestó además en sesión del Consejo Regional, y en el DU No. 052-2020, que tuvo el objetivo de cubrir las necesidades de los ciudadanos, a fin de priorizar la compra de medicinas, oxígeno, implementos de bioseguridad médica y mobiliarios.
“Sin embargo, los citados funcionarios, Roberto Danilo Tello y José Luis Damián, prefirieron destinar el presupuesto económico para comprometerlo en obras, no utilizándose los 40 millones de soles, que el gobernador se había comprometido públicamente para combatir la pandemia del Covid que recién empezaba, y que si se implementaba hubieran podido evitarse la perdida de muchas vidas humanas, en los meses que indica como referencia la denuncia penal, ante la serie de requerimientos que ya existían en el sector salud, hacia el gerente general en ese entonces, Danilo Tello”, remarca Javier Iturrarán en su denuncia.
Agregando que por esa falta de atención a la salud, se produjeron más de 1,800 muertes, al no tener la mínima atención de medicinas, oxígeno y los implementos de seguridad de los médicos y enfermeras, demostrando ineptitud e incompetencia en la administración pública.
La Segunda Fiscalía Penal dispuso también la solicitud del levantamiento de secreto bancario y de comunicaciones de los denunciados, así como un peritaje de salubridad y contable, y toda la información de las proveedurías ejecutadas, así como las adjudicaciones otorgadas al particular Alex Gunner Alván.
Una fuente cercana al ministerio público aseguró que se tiene que profundizar en las investigaciones, por lo que se ha determinado 8 meses en preliminares. Pues hay que recoger hechos concretos de la denuncia, ya que ante el poder judicial tiene que presentare pruebas específicas de los delitos presuntamente cometidos.

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