- Cuestionado por su actuación en el caso Yanashi
La decisión fue oficializada mediante una resolución publicada en El Peruano. Entre los cuestionamientos figuran presuntas demoras en la investigación por el derrame de hidrocarburos en el río Amazonas y deficiencias en otros casos ambientales.
La Fiscalía de la Nación dispuso concluir el nombramiento de Marvin Kenny Loja Arévalo como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Loreto y su designación en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto-Maynas.
La medida fue oficializada mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3394-2026-MP-FN, publicada el 31 de octubre de 2026 en el diario oficial El Peruano y suscrita por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas.
La decisión se produce luego de una serie de observaciones sobre el desempeño del ahora exfiscal, entre ellas presuntas irregularidades administrativas y cuestionamientos relacionados con investigaciones ambientales de especial importancia para la región.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el derrame de hidrocarburos ocurrido en el sector Yanashi, en el río Amazonas. Según las observaciones comunicadas por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, se habrían presentado demoras en las diligencias para conseguir la confirmación judicial de una medida cautelar.
Esta situación habría permitido que las embarcaciones vinculadas con el caso abandonaran el territorio peruano y cruzaran hacia Brasil, dificultando su ubicación y recuperación.
En su momento, pobladores de Yanashi cuestionaron la falta de una intervención fiscal oportuna y reclamaron que no se adoptaran las medidas necesarias cuando la embarcación todavía permanecía en aguas peruanas.
Hasta ahora, la nave no ha sido recuperada y las comunidades afectadas esperan que se esclarezcan las responsabilidades y las consecuencias ambientales del derrame.
Otro aspecto señalado corresponde a las investigaciones sobre presunta minería ilegal en la cuenca del río Nanay, donde se habrían detectado retrasos en las diligencias, falta de acciones correctivas oportunas y problemas en el manejo de la documentación fiscal.
Asimismo, se observaron demoras en la revisión de proyectos de resoluciones elaborados por su equipo de trabajo.
A estos cuestionamientos se suma que el exfiscal registraba 14 quejas ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público: 13 concluidas y una que permanecía en trámite al momento de emitirse la resolución.
Aunque la conclusión de esta designación representa una decisión institucional frente a los cuestionamientos, también deja abierta una interrogante: ¿qué ocurrirá con las denuncias contra otros fiscales y servidores del Distrito Fiscal de Loreto por presuntas ausencias injustificadas, viajes durante el horario laboral y otras irregularidades?
La ciudadanía espera que las investigaciones no se limiten a un solo funcionario y que todas las denuncias reciban el mismo nivel de atención, con procedimientos transparentes y resultados concretos.
No basta con adoptar medidas cuando los cuestionamientos alcanzan notoriedad pública. La institución tiene la responsabilidad de investigar oportunamente y determinar si existieron faltas, sin privilegios ni excepciones.
Mientras tanto, los pobladores de Yanashi y las organizaciones sociales esperan que se esclarezca lo ocurrido con el derrame de hidrocarburos, se determinen las responsabilidades correspondientes y se evalúen mecanismos de cooperación internacional que permitan avanzar en la ubicación de la embarcación.
También reclaman que las investigaciones sobre minería ilegal en la cuenca del Nanay continúen sin retrasos y que se adopten medidas frente a cualquier servidor público que incumpla sus obligaciones.
La salida de un fiscal no resuelve por sí sola los problemas que arrastran las investigaciones ambientales en Loreto. Ahora corresponde conocer qué avances existen en los casos pendientes y qué medidas tomará el Ministerio Público para garantizar que las denuncias no queden archivadas en los despachos.
La ciudadanía exige resultados, transparencia y una misma vara para todos.
(C. Ampuero)
