- Por el presunto delito de colusión agravada.
- Denuncia fue trabajada por el despacho del fiscal Roberto Delgado Tuesta.
“Luego de las diligencias preliminares realizadas, tenemos que en el presente caso aparecen indicios reveladores de la existencia de delito, que la acción penal no ha prescrito, y que se ha individualizado plenamente a los imputados, por lo que, en aplicación al nuevo código procesal penal, corresponde formalizar y continuar con la investigación preparatoria”, señala el fiscal responsable en el primer párrafo de su denuncia penal.
La mencionada denuncia involucra al actual alcalde de Punchana Euler Hernández Arévalo, Markey Sánchez Delgado, gerente de la municipalidad de Punchana. Abel Raúl Ávila Gárate, Amelia Goyburo Delgado, Edwin Rodas Balcázar, Carlos Casanova Linares, Paul Alfaro Sandoval, Salomón Alfredo Mattos Montes, José del Carmen López Nizama y el empresario (S.T.I.) Miguel Pablo Méndez Domínguez.
La denuncia se instala luego de un paciente trabajo de investigación llevado por cerca de dos años respecto al proyecto de obra: “Mejoramiento del puente que interconecta los asentamientos humanos Glenda Freytas con nuevo Versalles, ampliación calle 10 de Setiembre de villa Punchana”. Un proyecto que demandó la salida de más de 10 millones de soles (incluido el pago por supervisión y perfil) al Estado peruano.
La Buena Pro para la ejecución en sí de la obra, la ganó el consorcio “S.T.I. con H & M Ingenieros Consultores y Constructores Sac” por 9 millones 840 mil soles. El alcalde de Punchana en su defensa ha dicho: “En relación a ese proyecto yo he participado solo en la búsqueda de financiamiento para ese y otros proyectos en beneficio del distrito”, agregando que no tuvo intervención alguna por cuanto mediante resolución de alcaldía 40-2016, le delegó facultades al gerente municipal Markey Sánchez.
“A la fecha la obra se encuentra inconclusa y altamente retrasada, no justificándose todo el desembolso de dinero por parte del erario público sin que las autoridades competentes hayan tomado las medidas preventivas y/o correctivas para evitar o corregir la afectación a los intereses del Estado.
Asimismo, teniéndose que la empresa contratista durante el proceso de licitación venía siguiendo un proceso sancionador ante el Tribunal del OSCE, se habrían realizado actividades IRREGULARES por parte de los funcionarios públicos con la intención de acelerar todo el proceso de licitación, otorgándose la Buena Pro el 26 de setiembre 2016, es decir, TAN SOLO UN DÍA ANTES que la sanción impuesta por el Tribunal de Osce contra la contratista antes mencionada surtiera efecto”, puntualiza el fiscal Roberto Delgado.
Otro de los puntos observados dentro de la denuncia, tiene que ver justamente con el precio de 10 mil soles que se les debió pagar a cada uno de los moradores de las 51 casas ubicadas a ambos lados del puente, y que nunca les cancelaron.
“En ese sentido, correspondía al contratista subvencionar a los moradores para proceder a efectuar los trabajos de reubicación de sus viviendas de madera a una distancia determinada”, dice.
Según cuadro, existía un presupuesto de 510 mil soles para pagarle 10 mil soles a cada morador para su reubicación. Monto que no les entregaron y más bien con sus mismas maderas y techos, les hicieron retroceder menos de 20 metros desde el puente para que puedan hacer la obra. “Fue el propio contratista el que realizó la reubicación de las viviendas existente, es decir que no subvencionaron a los moradores de las 51 viviendas de madera existentes”, remarca el ministerio público.
“Respecto a la madera adquirida y colocada por el contratista, se apreció que estaban llenas de polillas, situación que pone en riesgo su durabilidad, además de un latente riesgo de producirse accidentes que atentan contra la integridad física de los ocupantes de las casas. También se advirtió que varias viviendas presentan inestabilidad estructural, existiendo el riesgo de desplome”, menciona.
OBRA SIN PROFESIONALES…
Otra de las importantes observaciones que ha podido hacer la fiscalía anticorrupción que impulsa el Dr. Roberto Delgado Tuesta, es en cuanto a la calidad inexistente de profesionales.
“El contratista desde el inicio de la ejecución de obra hasta la paralización, NO cumplió con la participación del plantel de profesionales que ofertó en su propuesta técnica -motivo por el cual se otorgó la buena pro-, excepto por el residente de obra, NO evidenciándose la participación del personal necesario para la adecuada ejecución de la obra.
Se advierte que el supervisor o inspector de obra, habría transgredido la normativa para beneficiar a la contratista a través de la salida injustificada de dinero por parte del erario público. Documentos que comprenden el expediente técnico no fueron firmados por el profesional ingeniero que los formuló. El expediente fue elaborado por el Ing. Civil Daniel Trigoso Paredes, sin embargo, se detectó que NO firmó la totalidad de documentos como memoria de cálculo estructural, estudio de riesgo sísmico, estudio de mecánica de suelos, panel fotográfico, estudio de canteras, estudio de hidrología, estudio de impacto ambiental, estudio de tráfico y el estudio de topografía, todos documentos de suma importancia”.
Finalmente, el fiscal anticorrupción resume: “Es evidente que los investigados habrían concertado de manera conjunta y coordinada a fin de lograr llevar a cabo la licitación del mencionado proyecto a través de la realización de múltiples actos administrativos inusuales a efectos de otorgar una excesiva celeridad al trámite, a efectos de favorecer al proveedor Miguel Méndez, representante de S.T.I. con el otorgamiento de la Buena Pro antes del 27 de setiembre 2016, por cuanto la misma seguía un proceso administrativo sancionador, el mismo que recién resolvería sancionándolo el 27 de setiembre de 2016, inhabilitándolo para contratar con el Estado”, concluye la fiscalía empezando a citar a los involucrados para sus declaraciones desde el 11 de junio 2018 a las 8 am.
