Obreros “estafados”

En varias oportunidades se viene escuchando el reclamo de obreros contratados por ciertos consorcios que vienen ejecutando obras millonarias, que tras haber obtenido la buena pro contratan al personal asegurándoles que les pagarán lo que dice la ley, pero en el proceso no cumplen.
Hace poco un obrero que es morador del pueblo de Saramuro, río Marañón, tuvo que venir hasta Iquitos para exigir el pago de sus honorarios. Dio su testimonio y aseguró que trabajó desde diciembre con el acuerdo de pagarle 50 soles diarios, más beneficios y liquidación, pero luego de meses no quieren reconocer sus pagos.
“Yo hacía todo lo que me mandaban en la obra” es el testimonio desgarrador de una persona, de un trabajador del nivel de obrero que fue leal a su responsabilidad frente a la obra del Consorcio Saramuro en la obra de agua y desagüe. Su expresión era de decepción total. Se sentía estafado. Su mirada de tristeza contenía una rabia.
Solo por unos momentos tratemos de ponernos en el lugar de este hombre honesto, que sin recursos económicos llegó a la capital del Loreto, la gran ciudad de la Amazonía por el lado de la frontera con Colombia y Brasil. A todas luces no es justo lo que le ocurre. Y ya tuvimos varios reclamos, las empresas reciben el dinero para las obras, pero no cumplen con sus trabajadores.
Tienen que hacer todo un esfuerzo adicional a lo desplegado en el trabajo, para lograr que les reconozcan el pago. Situaciones como esta pueden llegar a trastornar a una persona, ante la impotencia de que la justicia le dé la razón y más aún si este proceso de reconocimiento legal implica trámites y gastos, que no tiene el denunciante.
Lo peor de toda esta historia, es que una vez que termina la obra o no termina, la empresa alza vuelo y se borra del mapa, no es ubicable, no tiene oficina en el lugar donde ejecutó la obra, ni en Iquitos, tal vez en Lima; pero vaya lo que cuesta un viaje hasta allá para realizar el reclamo directo. Son injusticias que la oficina de Trabajo responsable debe esforzarse en hacer que se cumplan los derechos laborales.
El otro escenario es que la obra pase a arbitraje y ahí sí que corremos el riesgo de perder casi todo: la esperanza de que la obra se termine, que ésta algún día se haga realidad y de que la empresa nos gane el proceso arbitral y nos cobre una especie de “daños y perjuicios” cobrando al Estado suculentos montos. Y nosotros, la población nos quedamos pávidos, mirando, y nuestras autoridades envueltas en sospecha o ineptitud.
Quizás en este contexto ya sea el momento que la ley de contrataciones tenga modificaciones y permita a las entidades prescindir de empresas “estafadoras”, que tienen el “sartén por el mango” para ganar al Estado; que se den facultades a los gobiernos regionales y municipales para realizar obras de grandes presupuestos de forma directa, así los obreros tendrán a quien reclamar el pago si ocurre lo mismo que con los consorcios y mayor garantía que la obra se culmine. Basta ya de tanta contemplación cómplice.