- Representantes de Puerto Enrique sostienen que los investigados habrían sido contratados para trasladar la carga y reclaman que se respete su derecho a la defensa.
Familiares y representantes de la comunidad nativa Puerto Enrique, ubicada en la cuenca del río Puinahua, en la provincia de Requena, solicitaron la revisión de la situación legal de diez comuneros detenidos por un presunto caso de extracción y transporte ilegal de madera. Los pobladores aseguran que los investigados permanecen recluidos desde hace aproximadamente una semana.
Jipton Macedo Simari, agente municipal de Puerto Enrique, señaló que los detenidos son padres de familia y comuneros que habrían sido contratados para conducir una balsa con madera hacia Iquitos, sin ser, según su versión, los propietarios de la carga ni quienes habrían organizado la extracción.
El dirigente sostuvo que la comunidad cuenta con título de propiedad sobre su territorio y afirmó que los pobladores habrían actuado dentro de una dinámica de aprovechamiento de recursos que, según indicaron, se desarrolla en la zona. Sin embargo, reconoció que el caso debe ser esclarecido por las autoridades competentes conforme a la legislación forestal vigente.
Durante la entrevista, los representantes comunales señalaron que la situación económica de Puerto Enrique se ha agravado por las inundaciones registradas en los últimos años, las cuales habrían afectado los cultivos y la disponibilidad de alimentos para cerca de 500 habitantes de la comunidad.
Adriano Arirama, pastor de Puerto Enrique, afirmó que la necesidad económica llevó a algunos pobladores a aceptar trabajos vinculados al traslado de la madera. Según su relato, personas ajenas a la comunidad habrían coordinado la operación y los comuneros solo habrían sido contratados para transportar la carga.
Los representantes cuestionaron que los detenidos no habrían contado inicialmente con una defensa legal adecuada durante las primeras diligencias. Indicaron que actualmente reciben asesoría de un abogado gestionado con apoyo de la Federación de Comunidades Nativas de la zona.
Asimismo, anunciaron que la defensa evalúa presentar un hábeas corpus y otros recursos legales, al considerar que deben revisarse las condiciones en las que se realizaron las intervenciones y las decisiones judiciales posteriores.
Los dirigentes también solicitaron que las investigaciones permitan identificar a quienes habrían financiado, organizado o dirigido el traslado de la madera, a fin de que la responsabilidad penal, de corresponder, alcance a todos los involucrados y no únicamente a quienes fueron encontrados conduciendo la carga.
Finalmente, los familiares pidieron a las autoridades judiciales y fiscales garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y una evaluación individual de la situación de cada uno de los diez detenidos, mientras la comunidad espera una respuesta sobre su pedido de libertad.
(K. Rodriguez)
