Entre Apagones

Iquitos se está cansando de vivir a oscuras. Los apagones constantes ya no pueden seguir siendo tratados como simples inconvenientes o hechos aislados que la población debe soportar con resignación. Cuando un servicio esencial falla una y otra vez, lo que queda en evidencia no es solamente un problema técnico, sino una preocupante falta de capacidad para garantizar su continuidad. Y mientras los usuarios cumplen con pagar sus recibos, la empresa parece no demostrar la misma responsabilidad para ofrecer un servicio eficiente y confiable.
Cada corte de energía tiene consecuencias que van mucho más allá de apagar un foco. Se paralizan negocios, se malogran productos, se afectan equipos eléctricos, se interrumpen jornadas laborales y educativas y se generan pérdidas que nadie compensa. Para una familia o un pequeño comerciante, varias horas sin electricidad pueden significar dinero perdido. Para una ciudad entera, la repetición de estos episodios significa vivir en permanente incertidumbre. Los loretanos no pueden seguir esperando, una y otra vez, que simplemente regrese la luz.
Pero hay algo que resulta todavía más cuestionable: la empresa tampoco parece entender que comunicar es parte de prestar un buen servicio. Cuando ocurre un apagón, la población merece conocer inmediatamente qué pasó, cuál es la causa, cuánto tiempo durará la interrupción y qué acciones se están ejecutando. No corresponde que los usuarios tengan que buscar explicaciones en redes sociales, preguntar entre vecinos o esperar durante horas sin información oficial. El silencio frente a una emergencia del servicio no es una estrategia de comunicación: es una falta de respeto al usuario.
Y si la situación se repite con tanta frecuencia, resulta indispensable conocer qué se está haciendo para evitarla. No basta con restablecer la energía y esperar que el problema quede olvidado hasta el siguiente apagón. Se requiere mantenimiento, inversión, previsión y una explicación seria sobre las condiciones en las que se encuentra el sistema eléctrico. Si existen deficiencias técnicas, deben reconocerse. Si hay trabajos pendientes, deben informarse. Y si se requieren inversiones, la población tiene derecho a conocer cuáles son y cuándo se ejecutarán. Lo que no puede aceptarse es la improvisación permanente.
También es momento de que los organismos fiscalizadores dejen de actuar solamente cuando el problema ya estalló. Los usuarios necesitan que se supervise la calidad del servicio y que se exijan respuestas a la empresa. No se trata de convertir cada apagón en un escándalo, sino de impedir que la reiteración de las fallas termine normalizándose. Porque cuando un problema se vuelve cotidiano y nadie asume responsabilidades, deja de ser una contingencia y empieza a convertirse en una deficiencia estructural.
La paciencia de Loreto se está agotando y la empresa debe entenderlo. Los apagones pueden tener causas técnicas, pero la falta de previsión, la comunicación deficiente y el silencio frente a los usuarios no tienen justificación. La población no está pidiendo un privilegio; está exigiendo un servicio por el que paga. Por eso, menos explicaciones tardías y más soluciones. Menos silencio y más transparencia. Iquitos merece electricidad continua, pero también merece una empresa que dé la cara, informe con seriedad y asuma plenamente la responsabilidad que tiene frente a todos sus usuarios.