- Señala el fiscal de medio ambiente, Yuzen Carza, en caso que la justicia sentencie de acuerdo a lo que pide el ministerio público.
- También piden 10 años de pena privativa de la libertad para tres trabajadores de “Perú Cacao Norte Sac”.
- Próxima audiencia sigue el 4 de junio a las 3 de la tarde.
El caso emblemático ambiental por lo ocurrido en el distrito de Tamshiyacu el año 2013, cuando ingresó la empresa mencionada sin antes contar con todos los permisos y procedimientos legales, a deforestar casi 2 mil hectáreas de bosques primarios, continúa con celeridad.
La próxima audiencia será el 4 de junio a las 3 de la tarde, en donde se desarrollarán alegatos finales de las partes (imputados y ministerio público) y en una semana más podría quedar expedita la lectura de sentencia a cargo del juez penal unipersonal Hesbert Benavente Chorres.
En última audiencia la parte de los imputados ofreció como testigo al Ing. Agrónomo Jorge Arce Góngora, mientras que el ministerio público presentó a dos profesionales de talla como el Ing. Forestal David Blas Jaimes, quien explicó en general de la existencia de los bosques, de los árboles de calidad y durabilidad baja, media y alta. Así como el costo en cuanto sean talados y apilados para su próxima venta.
Hizo una ecuación matemática rápida de 5 millones de pies tablares, 27 mil metros cúbicos de árboles de durabilidad baja, convertida en madera; a un costo de 1 sol 20 céntimos, respondió que se tendría un monto económico por la venta de 07 millones de soles. Por lo que parecía no creíble que la empresa “Perú Cacao Norte” haya talado los árboles para fin de materia orgánica, en vez de una venta.
Lo que tuvo como respuesta contundente del abogado de la empresa, que eso sería en el caso que la empresa se dedicaría a la venta de madera, pero que ese no fue el objetivo sino quitar los árboles para luego sembrar el cacao.
El fiscal de medio ambiente, también dio a conocer que presentó ante el juzgado al abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Gian Piere Araujo Meloni, para esclarecer el criterio del juez Benavente Chorres.
“Él es un abogado especializado con estudios en el extranjero, lo presentamos para que exponga sobre la base legal con respecto a la tesis. Los defensores de la empresa dicen que es lícito utilizar la motosierra para la caída de árboles, y hay una base legal que prohíbe ello.
Hemos presentado ante el juez a dos profesionales de primera línea, uno que ha explicado la parte técnica y otro la parte legal y así completar nuestra teoría. Pienso que ha aclarado las dudas que tenía el juez Benavente, puesto que él quería escuchar a personas técnicas y profesionales para que absuelva todas las dudas que podía tener”, concluyó el fiscal Caraza Atoche.
