Vemos con estupor por la televisión nacional como el crimen organizado atenta contra indefensos ciudadanos de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, invadiendo espacios temerariamente como el interior de las viviendas y los entornos de colegios. A nivel local y regional también lo estamos sufriendo y viendo en los canales locales, por redes sociales y muchos lo han sufrido y todavía no se recuperan del impacto emocional.
El tema es que Loreto no es una prioridad porque ocupa el último lugar entre todas las regiones sobre inseguridad ciudadana, o sea, en otras palabras, somos la región con menos índice de criminalidad, dicho de otra manera, ocupamos el primer lugar en ser una “zona pacífica”, pero eso de ninguna manera debe significar que tenemos “percepción de inseguridad”.
Sí estamos afectados por la inseguridad ciudadana, que los índices sean muy bajos en comparación de las demás regiones del país, no quiere decir que no estamos en riesgo diario, por lo que también se debería declarar en emergencia a Loreto, es más a todo el país.
El Congreso de la República debe impulsar ya esa medida de Emergencia Nacional, además de las modificaciones legales que se van a dar y que se deben modificar las sanciones. Debe darse cadena perpetua porque se asemejan a actos de equivalencia con el terrorismo, ya que se está sembrando terror en las calles de las ciudades y pueblos del país.
La reacción debe ser más rápida para que más peruanos no sigan siendo víctimas, si bien el Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para legislar sobre seguridad ciudadana y otras materias, modificando el Nuevo Código Procesal Penal garantizando el respeto de los derechos fundamentales, deben terminarlo en el menor tiempo posible ya que la delincuencia ha convertido las calles en tierra de nadie y en un campo de atentados contra civiles pacíficos sean niños o adultos.
¿Qué temas abordará el Ejecutivo para combatir a la delincuencia? Modificará el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
También se actualizará la Ley 27933 que creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el Decreto Legislativo 1266 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, con la finalidad de afianzar el combate contra el crimen.
También, se busca fortalecer la lucha contra la extorsión, estafa, fraudes y otros delitos a través de la aprobación de medidas y modificatorias al marco normativo, con la intención de prevenir y hacer frente a la ciberdelincuencia. En materia migratoria, se incide en el fortalecimiento del marco normativo, con la finalidad de fortalecer las intervenciones policiales en flagrancia, así como introducir la tipificación de reingresos clandestinos o sin controles migratorios. Devolver la tranquilidad a la ciudadanía no tiene precio, se necesita también presupuesto. Basta de insensibilidad autoridades del gobierno nacional.