– Mientras que alcalde de San Antonio de El Estrecho envía carta aclaratoria al diario
– Presidente de Asociación Curhuinsi, ratifica denuncia entregando copia de la acción penal interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción de funcionarios.
– Víctor Orbe Vásquez era el motocarrista de confianza del denunciado y Michel Gonzáles Culqui, simple trabajador de la empresa SAE a la que el denunciado presta servicio de alimentación, según Rubén Medina.
– También pide a fiscal anticorrupción que solicite información a la SUNAT a fin de verificar el pago de tributos de los supuestos testaferros.
Por: Luz Marina Herrera.
Mientras que el burgomaestre de El Estrecho, acompañado de sus asesores legales, utilizaba tiempo en redactar la carta aclaratoria (que aparece en este diario), el presidente de la Asociación Curhuinsi, Rubén Medina Robledo, ingresaba la denuncia penal contra el alcalde de la Municipalidad Distrital del Putumayo, Segundo Leopoldo Julca Ramos, ante la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios, a fin que investigue a profundidad lo que viene ocurriendo en uno de los distritos más pobres de la Amazonía.
«Reitero en manifestar que el 02 de diciembre del 2010, justo después de 2 meses que el denunciado ganara las elecciones municipales del distrito, se crea la empresa Constructora e Inmobiliaria Amazónica EIRL, siendo propietario y representante Víctor Hernán Orbe Vásquez, con un capital social de 150 mil nuevos soles. Ese señor al momento de crearse la empresa era trabajador del denunciado, quien por ser un simple obrero no tenía, ni tiene el capital de 150 mil soles por lo que se le debe citar a declarar, aparte que la Sunat informe sobre sus supuestos pagos de tributos.
Con fecha 04 de julio de 2011, Víctor Orbe transfiere el derecho de titular de la citada empresa a favor de Segundo Michel Gonzáles Culqui, quien es un simple trabajador de la empresa de exploración petrolera SAE, empresa a la que el denunciado da servicio de alimentación en el campo. Él tampoco cuenta con la solvencia económica para ser propietario de una empresa con el capital mencionado, a quien también se le debe citar y pedir información de sus tributos a la Sunat.
Hemos investigado que las dos personas puestas de fachada no tienen la capacidad de crear una empresa con un capital de 150 mil nuevos soles. La primera persona ha sido el motocarrista del denunciado y está muy ligado a él. Y el otro un trabajador de la empresa del denunciado que provee a la empresa SAE, todo esto lo hemos corroborado con el abogado Javier Ruiz. Incluso Javier Ruiz conoce al motocarrista Orbe Vásquez, luego empresario, porque ha sido su promoción en el colegio y sabe quién es y de qué hablamos. Toda la denuncia está debidamente sustentada», remarcó Medina Robledo.
También se dio tiempo para responder punto por punto la carta aclaratoria enviada por el alcalde al diario «La Región». Dicen que nos han dado información de buena voluntad y no es cierto, solicitamos en abril y no respondieron, tuvimos que acudir hasta Defensoría del Pueblo para que recién la pudiéramos obtener. No tenemos nada personal contra el alcalde, somos una asociación sin fines de lucro creada para defender los intereses de las comunidades y cuando estos se ven amenazados y en peligro por una mala gestión, pues tenemos que intervenir, que defender los recursos propios que son de la municipalidad del distrito del Putumayo que deben ir directamente a beneficio de la gente, y no del alcalde.
Dice que tendríamos «interés económico» y es porque él está acostumbrado a pagar a la gente y piensa que tenemos esas costumbres con esos actos, cosa que negamos categóricamente.
Nosotros observamos y también lo hemos hecho saber a la fiscalía, que en el Acta de evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro levantada el día 18 de agosto de este año, en la parte final de la misma se puede ver la observación hecha por uno de los miembros del Comité: «El registro nacional de proveedor del participante contiene la inscripción: NO Válidad para Suscribir Contrato, solicitándosele al presidente que comunique esta condición al postor participante para que sea subsanado en el periodo anterior a la suscripción del contrato. O sea, otorgaron la Buena Pro a una empresa que en ese momento no reunía los requisitos para contratar con el Estado», agregó Medina.
Observó que en los dos procesos de licitación la jefa de la Oficina de Control Institucional (OCI) no estuvo presente. «De acuerdo a Ley ellos intervienen como invitados, pero por la naturaleza de sus funciones son los que dan mayor transparencia a cualquier proceso, ya que pueden intervenir observando cualquier tipo de irregularidad», objetó Medina en cuanto a la inasistencia de Yasmina Pérez Alván, jefa de OCI de la Municipalidad en cuestión.
«Hay que aclarar otro punto, nosotros nunca dijimos que el alcalde había pagado a los trabajadores cuando protestaron contra la empresa, sino que los había llamado para hablar sobre el tema, pero en su carta supuestamente aclaratoria, el alcalde solito se delata y dice que ellos pagaron por el servicio, lo que también debe investigar la fiscalía para conocer bajo qué mecanismo se hizo.
Menciona que hemos proporcionado información falsa, cuando realmente fue sacada del portal web de Transparencia del MEF, es información oficial, así como del SEACE. Con respecto a los fondos que entran para la modernización e incentivos municipales, ya estamos en noviembre y la información que tenemos del MEF al 15 de octubre, dice claramente que no han cumplido con 3 indicadores. Ellos no tienen capacidad de gestión, no cumplen metas que sí han podido lograr, por esa incapacidad vamos a perder medio millón de soles el próximo año y la no incorporación a los programas sociales a través del gobierno central, eso estamos observando y él piensa que lo hacemos por intereses subalternos», concluyó el denunciante.
En lo que concierne a la responsable de la nota periodística publicada, esperaremos el resultado del Ministerio Público para ver si en verdad hay algo que aclarar como lo solicitan en la misiva enviada.
