Escribe: Erick Braga
La estrategia política del fujimorismo y sus aliados en el aparato estatal muestra una contradicción cada vez más evidente. Tras consolidar una estructura de beneficios económicos y prerrogativas salariales dentro del Congreso de la República mediante reformas legislativas propias, la dirección de este sector plantea ahora una aparente contención del gasto público.
Esta propuesta de austeridad fiscal busca alcanzar también al Tribunal Constitucional y a la Junta Nacional de Justicia. Cabe cuestionar si este giro responde a una advertencia técnica de sus asesores económicos sobre la insostenibilidad del déficit fiscal que ya afecta la estabilidad macroeconómica del país, o si busca reorientar los recursos públicos hacia incentivos y exoneraciones para el sector privado empresarial.
Mientras se debaten estas medidas en la cúpula, la realidad laboral del país muestra una profunda asimetría. Se posterga la demanda de salarios dignos y derechos laborales para miles de trabajadores del sector público, al tiempo que gremios empresariales del sector privado abogan por la flexibilización laboral, la extensión de las jornadas de trabajo y la reducción de los beneficios sociales.
Bajo este escenario, las reglas de juego de un modelo económico de corte neoliberal y conservador quedan explícitamente planteadas: mayor disciplina fiscal sobre la clase trabajadora, protección jurídica a los grandes consorcios nacionales e internacionales, endurecimiento del marco penal frente a la protesta social y un respaldo punitivo directo a las Fuerzas Armadas y policiales.
Ante la inminencia de un régimen con estas características, la respuesta de los sectores sociales no puede limitarse al rechazo electoral; exige organización y articulación estratégica. Es previsible que se configure un gobierno populista de derecha que instrumentalice la asistencia social focalizada y la entrega de prebendas para contener el descontento popular.
Este asistencialismo buscará neutralizar los focos de resistencia, especialmente en las regiones del sur del país, consolidando una estructura de poder autoritaria que cuenta con la validación geopolítica de los centros de poder occidentales, en el marco de una política neocolonial de control de recursos estratégicos en América Latina.
Este despliegue responde también a la pugna geopolítica global frente al avance de la República Popular China. La contradicción principal de China con Occidente es de carácter económico y comercial, demostrando pragmatismo político al no interferir activamente en las dinámicas de dominación tradicionales en la región.
Esta pasividad geopolítica favorece el repliegue de los proyectos progresistas y el avance de corrientes de derecha radical en el continente, visibles en los recientes virajes políticos e institucionales en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina.
A la par de la influencia geopolítica, los procesos electorales de la región se ven condicionados por el uso sistemático de tecnologías de la información, algoritmos de desinformación y campañas de guerra psicológica destinadas a neutralizar las alternativas de izquierda.
Ante la ineficacia de las potencias emergentes para contrapesar este fenómeno, la verdadera contradicción política contra el imperialismo radica en la capacidad de movilización de los pueblos latinoamericanos.
El desafío para las fuerzas transformadoras implica superar tanto el reformismo del «progresismo latinoamericano» como los límites de la socialdemocracia liberal, corrientes que históricamente han sido incapaces de alterar las estructuras profundas del modelo económico.
El reciente repliegue discursivo de la derecha respecto al gasto público debe interpretarse con claridad teórica: la viabilidad de un modelo político-económico alternativo depende exclusivamente de la correlación de fuerzas real y de la organización territorial.
En el análisis del poder, las concesiones normativas son secundarias; la transformación estructural exige la construcción de un poder popular efectivo, pues fuera de la correlación de fuerzas, toda reforma institucional es una ilusión.
