Por: José Neil Chumbe Silva Dr.
Como antecedente y en alineación de la tesis doctoral sustentada por el suscrito en el año 2024 – Escuela de Post grado UNAP, investigación relacionada con la problemática siguiente: “la ineficacia del emplazamiento a las partes procesales de la Provincia de Ramón Castilla – Región Loreto, y cómo ello VULNERA EL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PARTES PROCESALES AÑO 2020 – 2021”.
Efectivamente, la problemática de las notificaciones judiciales en las zonas alejadas del Departamento de Loreto, no solamente en la provincia de Ramón Castilla, constituye una de las principales causas de retraso procesal y frustración de audiencias, generando retardo en la administración de justicia en la Corte Superior de Justicia de Loreto.
Es conocida, las limitaciones por cuestiones geográficas, aunado a ello está la falta de direcciones precisas y las dificultades logísticas que impiden que las comunicaciones judiciales cumplan oportunamente su finalidad conforme lo establece el inciso segundo del artículo 355° del Código Procesal Penal; conllevando ello a la afectación del derecho de defensa y el derecho al plazo razonable.
En este contexto que incluso es una problemática actual, desde esta tribuna propongo como una alternativa de solución, incorporar en la legislación procesal peruana una disposición que establezca:
«Toda persona natural titular de Documento Nacional de Identidad contará con un domicilio procesal electrónico único administrado por el Estado, el cual constituirá el medio oficial para la recepción de notificaciones judiciales, fiscales y administrativas, produciendo plenos efectos jurídicos desde su depósito en la casilla electrónica correspondiente.»
Esta reforma permitiría superar gran parte de las deficiencias que actualmente afectan la eficacia de las notificaciones en las provincias del interior del Departamento de Loreto.
La creación de un domicilio procesal electrónico obligatorio vinculado al Documento Nacional de Identidad se presenta como una alternativa viable para fortalecer la seguridad jurídica, optimizar la gestión judicial y garantizar una tutela jurisdiccional más eficiente.
Por consiguiente, esta propuesta sobre las notificaciones judiciales no debe ser tomada a la ligera o como una simple innovación tecnológica, sino como una herramienta destinada a garantizar derechos fundamentales y reducir las brechas de acceso a la justicia existentes, no solo en la Amazonía peruana, si no a nivel nacional.
