Por: Manuel Fernando Flores Orellana
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En las últimas semanas, el Proyecto de Ley de Reforma Magisterial ha puesto nuevamente sobre la mesa la situación del sistema educativo peruano. El debate actual debería recordarnos que en toda reforma del sistema educativo la prioridad es el interés superior del niño. Al ser los docentes actores principales del proceso educativo, es importante velar por su calidad profesional y por su derecho a mejores sueldos, sin que esto afecte el derecho de los niños y niñas a una educación pública de calidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece, en su artículo 29, que la educación deberá estar encaminada a que todos los niños y niñas desarrollen al máximo su personalidad, aptitudes y capacidades. Propone formarlos para ser personas respetuosas, responsables, pacíficas y cuidadosas del medioambiente.
La CDN, ratificada por el Perú hace dos décadas, señala que la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita e insta a los gobiernos a colaborar para que esto sea una realidad. Aunque todavía no logra la meta de universalización, el Perú tiene una importante cobertura en primaria, pero la calidad y la pertinencia de la educación siguen siendo motivo de desvelo.
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2012-2021) y el Plan Educativo Nacional 2005-2015 proponen que los niños deben lograr las competencias para su desarrollo personal. Señalan la necesidad de superar los bajos niveles de comprensión lectora y de razonamiento matemático, competencias básicas sin las cuales el niño está condenado a la exclusión. Esta tarea solo podrán cumplirla si existe un diálogo fluido con el Estado, padres y madres de familia, sociedad civil, empresariado.
El Ministerio de Educación está empeñado en que los docentes respondan a los desafíos de la enseñanza e incorporen la innovación pedagógica como parte de su desempeño. El desarrollo personal, social y profesional de los maestros, sistemas que mejoren sus prácticas pedagógicas y reconozcan su buen desempeño son aspectos que permitirán que los escolares que egresan de la educación pública cuenten con óptimos niveles educativos y una adecuada formación ciudadana.
Docentes dispuestos a atender con pertinencia, calidad y afecto a los escolares de todo el país, en particular a los de comunidades indígenas andinas y amazónicas, es la forma de atender los aprendizajes de sus alumnos. Se necesita, además, que el Ministerio de Educación (Minedu) promueva la educación inicial, primaria y secundaria de calidad y se implementen más escuelas bilingües e interculturales.
Es claro que no se les puede pedir a los docentes que pongan de lado sus demandas salariales, pero sí es conveniente recordarles que con el ejemplo se educa; que la apertura al diálogo, el cumplimiento del deber y el interés por la permanente superación forman parte del gran legado a sus estudiantes.
Una actitud contraria solo acentuará las diferencias entre quienes pueden asistir a la escuela privada, y quienes tienen como única opción la pública porque nacieron en sectores económicamente menos favorecidos. Ya lo ha dicho la ministra Patricia Salas, la apuesta principal es por la educación pública. Se trata entonces de contribuir a no acrecentar la brecha de calidad educativa entre unos y otros.
