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Dirigentes del Curaray rechazan creación de PIACI y exigen consulta previa al Estado

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  • Federación indígena advierte que medida afectaría desarrollo y cuestiona falta de participación de comunidades

Representantes de la Federación Indígena del Medio Curaray Kichawas (FEIMCUK) expresaron su rechazo a la posible aprobación de una zona de protección para pueblos indígenas en aislamiento (PIACI) en territorios del Curaray y Arabela, al considerar que no ha existido consulta previa con las comunidades directamente involucradas.
El asesor indígena Carlos García Tapullima señaló que la preocupación principal radica en que el Estado estaría impulsando decisiones sin respetar la Ley de Consulta Previa (Ley N° 29785), lo que según indicó vulnera los derechos de los pueblos indígenas.
“El gobierno está tomando acciones sin consultar a la población. Existe una ley que nos respalda y no se está cumpliendo”, manifestó, al referirse al proceso de aprobación de una posible reserva vinculada a pueblos en aislamiento.
En la misma línea, el presidente de la federación, Israel Lanza Sinarahua, sostuvo que las comunidades del Curaray y Arabela no han sido debidamente informadas ni consultadas sobre esta iniciativa, pese a que tendría impacto directo en su territorio.
Ambos dirigentes cuestionaron que organizaciones como Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana respalden la propuesta sin haber recogido la opinión de las comunidades locales.
Asimismo, indicaron que la eventual declaratoria de una zona PIACI podría impedir la reactivación de proyectos petroleros como los lotes 67 y 39, lo que, desde su perspectiva, limitaría oportunidades de desarrollo económico para las poblaciones del área.
Los dirigentes también advirtieron que, pese a los compromisos asumidos por el Estado en mesas de diálogo anteriores, no se han concretado proyectos de desarrollo en la cuenca del Curaray, lo que ha generado descontento entre las comunidades.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno para que priorice el diálogo directo con las autoridades comunales y respete los mecanismos de consulta previa, advirtiendo que de no ser escuchados podrían adoptar medidas de protesta en defensa de su territorio y sus derechos.
(K. Rodriguez)

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