- Manuel Canayo Pacaya afirmó que la experiencia de Varillalito evidenció el incumplimiento de las condiciones prometidas por el Estado.
El reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el reasentamiento de la población de la zona baja de Belén volvió a abrir el debate sobre el futuro de miles de familias que viven en uno de los sectores más emblemáticos de Iquitos. En ese contexto, el histórico dirigente vecinal Manuel Canayo Pacaya expresó su rechazo a una eventual reubicación y recordó que la experiencia de Varillalito dejó una profunda desconfianza entre los pobladores.
Canayo señaló que desde la aprobación de la Ley N° 30291, en el año 2014, los vecinos de los siete asentamientos humanos comprendidos en la denominada zona baja manifestaron su desacuerdo con la propuesta de reasentamiento, al considerar que fue impulsada sin consultar a la población directamente involucrada.
El dirigente indicó que la medida alcanzaría a cerca de 12 mil habitantes distribuidos en aproximadamente 2,600 viviendas de asentamientos como Pueblo Libre, 30 de Agosto, Girón Italia, Venecia, Sachachorro, Seis de Octubre, Santa Rosa y Libertad. Según explicó, la oposición se mantiene porque las condiciones ofrecidas por el Estado nunca llegaron a concretarse.
Como principal ejemplo mencionó el proyecto de Varillalito, donde, según afirmó, se prometieron viviendas con servicios básicos, instituciones educativas, establecimientos de salud, transporte y vías de acceso adecuadas. Sin embargo, sostuvo que la realidad fue distinta, ya que muchas familias encontraron un lugar sin las condiciones necesarias para desarrollar su vida cotidiana.
Canayo recordó que únicamente se construyeron alrededor de 393 viviendas, cifra muy inferior a las más de 2,600 que se requerían para atender a toda la población considerada en el proyecto. Además, cuestionó el manejo de los recursos destinados a la iniciativa y afirmó que, pese a los años transcurridos, el reasentamiento nunca logró cumplir los objetivos planteados.
El dirigente también sostuvo que Belén no puede ser visto únicamente como una zona de riesgo, sino como un espacio con una profunda identidad histórica, cultural y económica para Iquitos. En ese sentido, señaló que trasladar a la población implica romper vínculos sociales construidos durante décadas, aspecto que, a su juicio, no fue considerado en la planificación estatal.
Asimismo, recordó que durante varios años las organizaciones vecinales realizaron gestiones ante el Ministerio de Vivienda y otras entidades del Estado para solicitar la modificación de la norma que promovía el reasentamiento. Indicó que incluso sostuvieron reuniones con autoridades nacionales, aunque finalmente los cambios esperados no llegaron a concretarse.
Finalmente, Manuel Canayo advirtió que el reciente fallo del Tribunal Constitucional ha reactivado la preocupación entre los vecinos de la zona baja de Belén y anunció que los dirigentes volverán a organizarse para defender la permanencia de la población mientras no existan garantías reales de un reasentamiento que respete los derechos, servicios e identidad de las familias beleninas.
(K. Rodriguez)
