Desapariciones forzadas

Cada etapa electoral se va generalizando y hasta normalizando. Se trata de las desapariciones forzadas de documentos, archivos y bienes de las entidades del Estado, cada vez que se da los cambios de gobierno sea a nivel del gobierno regional o de municipalidades provinciales y distritales.
Recordamos que en la asunción de mando a la Presidencia del Gorel a fines del 2014, se evidenciaron en la sede central y en casi todas las direcciones regionales, la desaparición de documentos digitales y en físico, importantes para la marcha normal de la entidad.
También se habló de la desaparición de bienes de las oficinas, lo que lleva a pensar que el sistema de control patrimonial no está funcionando o que es obsoleto y necesita modernizarse, a fin de evitar que como si nada se siga atentando contra la propiedad institucional.
De lo que pasó en ésa época, poco se supo, si se recuperó lo que desapareció. En el caso documentario, recordamos también que en la municipalidad de Loreto-Nauta se hizo pública la desaparición de todo el enorme expediente del proyecto de agua potable y alcantarillado, que cuando estaban reconstruyéndolo, dicen apareció.
En el caso del Gorel se rumoreó de la pérdida de valiosos equipos y de los discos duros de las computadoras que almacenan, como se conoce nutrida información de la entidad. Quién o quiénes respondieron por esto? Se hicieron investigaciones y mínimo hubo sanciones administrativas a los responsables? Parece que no. Todo se silenció.
Y esta figura se volvió a escuchar ayer en la conferencia de prensa del gobernador regional que ha iniciado sus funciones y estuvo acompañado de los alcaldes que conforman la ciudad metropolitana de Iquitos. Fue Martín Arévalo, alcalde de San Juan Bautista que se digirió a su colega y exalcalde sanjuanino y hoy alcalde provincial, Francisco Sanjurjo, para decirle respetuosamente que le han dejado “limpias” las computadoras. No hay archivo documentario digital (no precisó en cuantos equipos), pero consideró que fue una responsabilidad de funcionarios con desconocimiento del titular.
Ante esta situación donde también se informó la desaparición de piezas de maquinarias pesada, qué harán los responsables actuales? Quedará en la denuncia pública? Se harán informes internos para el debido proceso administrativo? Y de darse el caso, la denuncia policial y penal si corresponde? Quién saldrá verdaderamente en defensa de los bienes digitales y materiales de las entidades estatales? O se seguirá normalizando esta otra forma de corrupción?
Y la otra gran pregunta es, porqué es tan fácil ahora que se desaparezcan los bienes? Será que las oficinas de Patrimonio con su aparente inacción lo están permitiendo? Qué falta para que este sistema actualmente sea más eficiente? Las autoridades están en la obligación de explicar.