- La Oficina Defensorial de Loreto ya había alertado mediante oficio dirigido al gobierno regional, sobre el riesgo de reactivación del conflicto social en la cuenca del río Tigre.
- “La Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (FECONABAT) anunció el inicio de medidas de control territorial ante la falta de respuesta del Estado.
La Defensoría del Pueblo en Loreto expresa su preocupación ante el pronunciamiento emitido por la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (FECONABAT), en el que se anuncia el inicio de medidas de control territorial —incluyendo medidas de fuerza en el río Tigre— como consecuencia de la falta de atención oportuna, por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Ante las demandas de las comunidades de la cuenca baja, vinculadas al financiamiento de proyectos de agua potable, saneamiento y educación, así como a la lucha contra la minería ilegal en la parte alta de la cuenca.
Cabe recordar que, en atención a las alertas tempranas recibidas de las organizaciones representativas de la zona, este despacho remitió recientemente un oficio al Gobierno Regional de Loreto, con conocimiento de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM y de la Región Policial Loreto, recomendando:
La convocatoria urgente a una reunión técnica de diálogo para informar sobre el financiamiento y ejecución de los proyectos priorizados por las comunidades. El restablecimiento inmediato del Puesto de Respuesta Inmediata (PRI) de la PNP en la comunidad Nueva York, frente al avance de la minería ilegal.
El fortalecimiento del espacio de diálogo establecido mediante la R.S.G.S.D. N.° 001-2026-PCM/SGSD, con canales de información claros y transparentes hacia las federaciones involucradas. Ante el escalamiento anunciado por FECONABAT, la Defensoría del Pueblo en Loreto reitera el llamado a las entidades competentes —en particular a la PCM, al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Gobierno Regional de Loreto— a implementar de manera inmediata y articulada las recomendaciones formuladas, a fin de evitar que la legítima demanda de las comunidades derive en un conflicto que afecte derechos fundamentales, la gobernabilidad de la región y las actividades económicas y sociales vinculadas a la cuenca.
Asimismo, la institución exhorta a todas las partes a privilegiar el diálogo como mecanismo de solución, y continuará ejerciendo sus funciones de supervisión y mediación defensorial para contribuir a una atención oportuna, técnica y respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del río Tigre.
