- El Decreto Legislativo N°1373 de Extinción de Dominio es inconstitucional y abusivo porque pretende arrebatar bienes presumiendo la ilicitud de facto de estos, sin importar la presunción de inocencia de los ciudadanos ni la cosa juzgada.
- Esta norma atenta contra la seguridad jurídica y las garantías de los ciudadanos, toda vez que presume la mala fe en la adquisición e invierte desproporcionalmente la carga de la prueba. De esta manera, cualquier persona que es propietario de un bien, se le puede quitar inmediatamente si él no puede probar la licitud en lugar del fiscal que debe probar la ilicitud. Lo que se llama prueba diabólica.
- Varias autoridades nacionales de alto nivel y credibilidad como la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados de Lima alertan que este proceso es abusivo, vulnera los derechos fundamentales y puede ser desviado para fines personales en lugar de luchar contra el crimen organizado. La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su rol de defensa de los derechos constitucionales de la ciudadanía, ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1373, también conocido como la “Ley de Extinción de Dominio”. Esta normativa ha sido cuestionada por vulnerar los derechos constitucionales de derecho de propiedad, la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, el principio de tipicidad y el principio de seguridad jurídica, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los peruanos.Esta norma, promulgada el 04 de agosto de 2018 por el Poder Ejecutivo, ha permitido la implementación de un sistema que, en muchas ocasiones, ha sido utilizado de manera abusiva para despojar de sus propiedades y vehículos a ciudadanos, emprendedores o empresas que no han cometido ningún delito. Estas últimas semanas varios medios de alcance nacional han investigado números casos de abuso en varios juzgados de Extinción de Dominio (incluso en Loreto) y confiscación ilegal de bienes a propietarios que no cometieron ningún acto ilícito, lo que demuestra la necesidad de actuar contra los artículos que vulneran los derechos fundamentales.Algunas ONG han aprovechado esta situación para realizar denuncias sin pruebas o con falsos argumentos que, secundadas por Fiscales que buscan la fama, han abierto procesos de extinción de dominio contra empresas formales, legalmente constituidas, que cumplen con todos los permisos, pagan sus impuestos y generan empleo para los habitantes de toda una región. En este sentido, en lugar de luchar contra la criminalidad organizada, se está instrumentalizando esta ley para que algunos sectores politizados acosen a sus adversarios, así como a la inversión privada responsable.Colegio de Abogados de Lima se unió al pedido de la DefensoríaEn un reciente pronunciamiento, el ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) respaldó el pedido de la Defensoría del Pueblo y exhortó al Tribunal Constitucional y al Congreso de la República a modificar el Decreto Legislativo en mención, ya que vulnera diversos derechos constitucionales.Asimismo, advierten que esta norma podría perjudicar a quienes no pueden demostrar la legalidad de sus propiedades por falta de documentación que es habitual en un país que presenta altos grados de informalidad. Ello, termina afectando a quienes compraron bienes de buena fe, toda vez que bajo esta ley se presume que la ilicitud del uso y/o la adquisición del bien afectado. En efecto, quien alega un hecho debe probarlo. Sin embargo, bajo esta ley la fiscalía puede alegar cualquier hecho, y es el demandado quién tendrá que probar que eso no ocurrió. Es decir, se exige una prueba diabólica en la que un ciudadano debe probar que determinado hecho no ocurrió.Por su parte, el abogado constitucionalista Wilmer Medina, en declaraciones al programa «Milagros Leiva Entrevista», respaldó la postura de la Defensoría del Pueblo y señaló que “están defendiendo al pueblo porque la norma hecha por Vizcarra y su ex primer ministro Villanueva (Decreto Legislativo 1373) distorsiona la ley anterior (Ley 1104) para convertir esta nueva ley en un arma de persecución a los adversarios para confiscar bienes”.Con esta acción, la Defensoría espera que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de los artículos mencionados en su demanda del Decreto Legislativo 1373, para restituir el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantice la seguridad jurídica. Hoy, ningún peruano está libre de que pueda pasar por esta situación.
