- Solo la mitad de gobiernos locales cuenta con instancias de concertación, además, solo se cuenta con tres cámaras Gesell y una fiscalía especializada en toda la región.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto propuso la necesidad de declarar en emergencia la situación en la que se encuentra la atención a las víctimas de violencia en esta región. La propuesta fue dirigida durante la última sesión del grupo de trabajo de la Instancia Regional de Concertación, en la que se expuso la grave problemática por la que atraviesa la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, especialmente hacia niñas, niños y adolescentes, debido a que se ha desbordado la capacidad de respuesta en las entidades que atienden los casos de violencia en la región.
En efecto, de acuerdo al seguimiento que hace la sede defensorial para el cumplimiento de las políticas de prevención de la violencia hacia las mujeres, puede verse que solo el 50 % de los 53 distritos con que cuenta la región Loreto han informado haber cumplido con implementar dichas instancias. Ello, pese a que la obligación de implementar dichos grupos de trabajo se encuentra establecida en la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, cuya vigencia está por cumplir los nueve años.
Durante la exposición, el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque, presentó los resultados de la supervisión en los que se advierte la situación crítica en la que se atiende a las víctimas de violencia, especialmente a niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, se reveló que solo en 2023 los centros emergencia mujer (CEM) de la región atendieron 3036 casos de violencia, de los cuales el 93 % tuvo como víctimas a mujeres y el 33 % a menores de 18 años. Mientras que solo entre enero y abril de este año las cifras de violencia registradas por los CEM de la región alcanzan los 992 casos. De ellos, el 89 % de las víctimas corresponde a mujeres y el 32 % a menores de 18 años.
El representante de la Defensoría del Pueblo también dio a conocer que el sistema de administración de justicia en Loreto, presenta graves deficiencias que impiden una atención oportuna a favor de las víctimas. En ese sentido, se reveló que los tres CEM que operan dentro de comisarías carecen de personal para garantizar la atención durante los fines de semana y feriados. A ello se suma que o se cuenta con defensa pública en las provincias de Datem del Marañón y Putumayo, y no hay defensores públicos de víctimas en las provincias de Requena y Mariscal Ramón Castilla – Caballococha.
A nivel de las instituciones operadoras de justicia, la supervisión revela que solo la Comisaría de La Familia de Iquitos reporta 2845 medidas de protección vigentes y solo se cuenta con tres cámaras Gesell y una sola fiscalía especializada en violencia hacia la mujer para atender a toda la región. Asimismo, que la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto cuenta únicamente con 4 equipos de evaluación y un equipo de acogida residencial, por lo que no hay personal para la atención en las noches, domingos y feriados.
Tras revelar los resultados de la supervisión, Chiroque exhortó a los integrantes de la instancia regional aprobar la propuesta que se solicite al Consejo Regional de Loreto, la declaratoria de emergencia ante la situación en la que se encuentra la atención a las víctimas de violencia en Loreto. El pedido fue posteriormente materializado a través de un documento dirigido a la junta de fiscales superiores, la corte superior de justicia, la Dirección Regional de la Defensa Pública, la Policía Nacional, al programa Aurora de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la UPE Loreto, en el que se exhorta a adoptar acciones inmediatas ante dicha problemática.
