Columna de opinión Autora: María Cecilia Villegas
“Cuando se atenta contra la empresa privada formal, que tiene todos los permisos y los mejores estándares, se limita el desarrollo y se favorecen las economías ilegales”.
En el Perú, el 48% de los ciudadanos considera que los empresarios le hacemos más daño que bien al país (Ipsos por encargo de Capitalismo Consciente Perú y Konrad Adenauer Stiftung KAS Perú). Esto es gravísimo, porque atenta directamente contra la libertad económica. Sin embargo, esta percepción no es gratuita. Y, si bien es cierto que en el Perú existen prácticas mercantilistas y corrupción, también es cierto que muchas empresas están buscando generar riqueza y bienestar.
Algunas empresas en el Perú están siendo víctimas de una campaña de desprestigio a través del hostigamiento constante de grupos políticamente orientados cuyo propósito es ahuyentar la inversión privada. No se trata solo de políticos antisistema, existen también diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) que se apoyan en el Poder Judicial para hostigar y perseguir a la empresa privada a través del abuso de figuras legales creadas para luchar contra el crimen organizado.
La Amazonía peruana tiene un potencial enorme. Sin embargo, la falta de infraestructura y de capital humano hace que la inversión privada formal sea
limitada. Es por eso que, por ejemplo, Pro Inversión realizó Foro Amazonía Invierte 2023, para promover la inversión en proyectos en siete regiones de la Amazonía peruana. Pero ¿cómo lograremos atraer inversión privada si la que existe en la actualidad viene siendo arrinconada? Empresas privadas que no solo cuentan con todos los permisos y autorizaciones exigidos por ley, sino que, además, generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos en zonas donde no existe presencia del Estado y donde la pobreza y la falta de acceso a servicios es la realidad, están siendo atacadas sistemáticamente a través del Poder Judicial.
Kene es una ONG que promueve denuncias contra la empresa Tamshi desde hace años. Tamshi se dedica a producir cacao de alta calidad, preservando árboles de cacao nativo en Iquitos. Y, pese a que ninguna de las denuncias prosperó, se ha admitido a trámite (¡en 24 horas!) una demanda por extinción de dominio; esto es, para que el Estado administre los bienes de la empresa, sosteniendo que es una organización criminal.
Cuando se atenta contra la empresa privada formal, que tiene todos los permisos y los mejores estándares, se limita el desarrollo y se favorecen las economías ilegales. Porque el mayor enemigo de la ilegalidad es la formalidad. Necesitamos incentivos para que empresas formales inviertan en la Amazonía peruana, y formalizar a quienes operan en la informalidad. La seguridad jurídica – esto es la garantía de que las reglas de juego no serán cambiadas– es un requisito indispensable para impulsar la inversión. Esta incluye la defensa de los derechos de propiedad y los contratos. Cuando las reglas cambian constantemente, el Gobierno cede a intereses mercantilistas o el Poder Judicial atenta contra la empresa, el riesgo de invertir crece, alejando inversionistas.
Sin empresa privada no hay crecimiento, haciéndose imposible reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los peruanos.
*Columna de opinión publicada en el diario El Comercio
