Defensoría del Pueblo pide a autoridades cumplir con sentencia emitida por el Tribunal Constitucional

• Sobre el caso Punchana y celeridad al IOARR: “Remodelación del área de control de calidad y ambiente complementario en el camal municipal de Punchana.

No se puede concebir que la sentencia del Tribunal Constitucional haya sido notificada a los involucrados el año 2023 y hasta la fecha no se vea ningún avance.
Salvo el de la municipalidad de Punchana, que les hace llegar bidones de agua. Aunque no alcanza para todos, por lo que los moradores compran bidones con agua potable a un sol cada uno.
No hay que olvidar que Defensoría del Pueblo, es la entidad a cargo de monitorear que la sentencia del TC, sea cumplida por las autoridades. Por ello es que convoca a que se realice la reunión multisectorial para tratar ese tema.
DP menciona que Senasa fue al Camal de Punchana, a ver si se había hecho algunas mejoras, pero nada. Todo igual que antes. OEFA informó al TC sobre la situación de las denuncias ambientales y la supervisión hecha al camal.
Igual se conoce de la existencia de un expediente técnico aprobado por 928 mil soles, para la mejora exigida, solicitándose que ya se ejecute. Defensoría pide al gobierno regional que la gerencia de infraestructura, disponga de ese presupuesto y atienda con celeridad los procesos para la ejecución del IOARR.
“Se tiene que convocar a una reunión de coordinación al grupo multisectorial para tratar sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de los asentamientos humanos de Punchana “21 de Setiembre” e “Iván Vásquez”, con la finalidad de articular acciones y con la participación de los asistentes enfocarnos en la restitución de los derechos como ha mandado el Tribunal Constitucional”, dice Defensoría.
Agregó Defensoría que las entidades involucradas deben comunicarle el plan de acción sobre las gestiones y coordinaciones realizadas para revertir la vulneración de derechos determinados en la sentencia.
“Con el respeto que nos merece la investidura del gobernador, advertimos que en caso su despacho no disponga acciones encaminadas al cumplimiento de la sentencia, corre el riesgo de asumir las consecuencias legales establecidas y, además, que el incumplimiento a las mismas, son susceptibles de generar responsabilidades administrativas, civiles, e incluso penales”. Puntualiza.