- «Así como la necesidad de atención de la carretera Iquitos – Nauta», dijo Diego Reátegui
- «Es necesario para asegurar el desplazamiento de personas»
- «Hemos solicitado a la PNP y establecimientos de salud información respecto a accidentes de tránsito y pérdida de vidas humanas».

Diego Reátegui, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto de la Defensoría del Pueblo, exigió a los gobiernos locales provinciales y distritales, según corresponda; adoptar acciones específicas para mejorar la infraestructura vial y señalización de las calles, así como al gobierno regional de Loreto atender la problemática en torno a la carretera Iquitos – Nauta, con la finalidad de asegurar el desplazamiento de personas y evitar accidentes de tránsito.
«Es lamentable y calamitoso el estado de algunas calles como por ejemplo la José Gálvez, Arica, Abtao, 9 de Diciembre, Alfonso Ugarte, La Participación, entre otras. La autoridad local provincial y distritales deben priorizar la atención de dichos problemas. Del mismo modo, la carretera Iquitos – Nauta requiere un mantenimiento periódico y permanente, así como elementos de seguridad y de control de velocidad en las vías que permitan evitar accidentes como los acontecidos el año pasado y este primer trimestre del año. Identificar dichos problemas y viabilizar su atención, es indispensable e impostergable, dado la necesidad de proteger y garantizar la vida de personas», precisó Reátegui Rengifo.
Respecto a los daños ocasionados, señaló que independiente de la responsabilidad civil y penal susceptible de generarse, y que deben dilucidarse en la instancia judicial competente.
«Las víctimas cuentan con derecho a la atención médica y cobertura de su incapacidad temporal o incapacidad permanente por cuenta del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT) de los respectivos vehículos involucrados. Los familiares de los fallecidos tienen derecho a la cobertura del pago de los gastos de luto y sepelio por un monto ascendiente a 1 UIT y a una indemnización por muerte hasta por 4 UIT».
Finalmente, precisó que la Defensoría del Pueblo, ha iniciado investigación defensorial conducente a visibilizar perjuicios e impactos negativos ocasionados por la problemática y accionar de las entidades competentes, por lo que instó a las autoridades competentes articular esfuerzos que viabilicen las acciones y medidas integrales tanto a nivel local, como regional que permitan atender y dar solución a los problemas en torno al tránsito, susceptibles de afectar la vida de las personas. (GL)





