Defensoría del Pueblo en Loreto cumple 25 años promoviendo y defendiendo los derechos de la población

En los últimos cinco años se brindaron 13,710 atenciones ciudadanas, por lo que el equipo defensorial en Loreto, renueva su compromiso de atención con las personas más vulnerables en la región.
Hace 25 años, un miércoles 26 de mayo de 1999, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto inició su atención al público y desde esa fecha, cumple una destacada y ardua labor para el cumplimiento de la misión encomendada por la Constitución, enfocados en la promoción, protección y defensa de derechos fundamentales a través de la persuasión de los servidores y autoridades del Estado.
En esta etapa de vida institucional, se ha realizado intervenciones en materia de salud, educación, servicios públicos, prevención de conflictos sociales, inclusión social, personas con discapacidad, trabajo infantil, discriminación, prevención de la corrupción, medio ambiente, entre otros, favor de los pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad, mujeres y la comunidad trans.
A lo largo de su historia, fue dirigida por los abogados Javier Aroca, Miguel Donaire y Lilia Reyes, quienes condujeron la oficina defensorial hasta octubre del 2010. Posteriormente, asumieron la conducción Diego Reátegui, Nicolás de la Cruz, Roy Vera, Hugo Pari y Lisbeth Castro, hasta el 11 de marzo de 2021. A partir del 12 de marzo del 2021, se designó al abogado Abel Chiroque Becerra como jefe de esta oficina, quien con un enfoque de respeto a los derechos humanos y siempre correspondiendo al mandato constitucional, conduce la Oficina Defensorial que lidera la defensa de los derechos fundamentales en esta región estratégica y fronteriza de Loreto.
Durante estos años, se ha logrado atender con éxito cientos de casos, resaltando el reporte de los últimos cinco años con 13,710 atenciones ciudadanas, de los cuales 8,910 son consultas, 3,072 quejas y 8,910 petitorios. Asimismo, siendo una región con mayor número de conflictos en los últimos tres años; se destaca las actuaciones defensoriales realizadas en los casos de tipo socio ambiental vinculados a las actividades extractivas, tales como en las supervisiones realizadas en los distritos de Puinahua (lote 95), Trompeteros (lote 8) y el derrame de hidrocarburos en la quebrada Cuninico.
De la misma manera, ha tenido una actuación frontal en favor de las víctimas de violencia de género, evidenciando la grave situación en la que se encuentran las entidades encargadas de cautelar sus derechos. De la misma manera, por tres años consecutivos viene logrando intervenciones relacionadas con los condicionamientos que se presentan en el proceso de matrícula escolar, logrando la devolución del importe a los padres y madres de familia en más 30 instituciones educativas.
También, se puede destacar la intervención en los casos de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, frente a despidos arbitrarios a madres gestantes y con discapacidad, así como el derecho a contar con intérprete en la prestación de la educación universitaria.
En las acciones itinerantes llegó hasta las comunidades alejadas, resaltando las alertas por desabastecimiento de medicamentos en las provincias de Datem del Marañón, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Maynas, Putumayo y Loreto Nauta, donde en los establecimientos de salud de Manseriche, Caballococha, Pucacuro, Alto Nanay, el Estrecho y Saramuro, se advirtió la falta de medicamentos esenciales, en especial suero antiofídico no refrigerado para las Ipress que no cuentan con cadena de frío. Sumado a ello, su actuación vigilante en los problemas de minería ilegal y otras actividades ilícitas en la región.
En los últimos años, con la implementación del programa Rompiendo Cadenas, ha tenido una presencia permanente en los establecimientos penitenciarios de varones y mujeres de Iquitos, donde se han realizado supervisiones para que se garanticen los derechos de los internos e internas, especialmente de sus hijas e hijos de las personas privadas de su libertad.
La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo del Estado que tiene la misión de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos. Por ello, la oficina de Loreto renueva su compromiso de seguir trabajando de manera activa para cuidar los derechos de las personas más vulnerables de esta región.