– Población penal es un grupo vulnerable importante para dicha entidad
El nivel de reconocimiento de derechos en una sociedad no tiene mayor y mejor indicador que las condiciones de internamiento que ésta dispensa a las personas privadas de libertad como consecuencia de la comisión de delitos.
Eventualmente, dichas personas son señaladas, marginadas y consideradas escoria de la sociedad y la población en general clama para con ellas todo el peso punitivo de la Ley, así como la mayor drasticidad durante el internamiento.
Drasticidad que es incluso confundida con una situación de desconocimiento y negación de derechos distintos a los que establece el mandato judicial que dispone el internamiento. Esto impide el reconocimiento de la humanidad en otros seres humanos. Conforme lo señala el Informe Defensorial No. 154 – El Sistema Penitenciario: Componente clave de la Seguridad Ciudadana y la Política Criminal. Problemas, retos y perspectivas; es necesario transformar la realidad actual de «Cárcel Depósito» a una «Cárcel Reinsertadora».
En tal sentido la población interna en los Establecimiento Penales, constituye uno de los grupos vulnerables de atención prioritaria por parte de la Defensoría del Pueblo, dado la situación de alto riego de afectación a derechos.
Por lo que el Personal de la Oficina Defensorial de Loreto, visitó el Establecimiento Penal de Mujeres de Iquitos, con la finalidad de verificar las condiciones de internamiento. Visitó los ambientes de la cocina, comedor, tópico, iglesia, biblioteca, servicios higiénicos, área de educación, área de trabajo, aislamiento, wawa wasi y adonisterio, encontrándose que los mismos se encuentran en adecuada condiciones, existiendo orden y limpieza en cada uno de los ambientes supervisados.
No obstante ello, ante lo evidenciado, Diego Reátegui, jefe de la oficina Defensorial de Loreto, precisó: «resulta indispensable garantizar la atención y asistencia médica, de manera permanente, en tal sentido se indagará y realizará seguimiento a las acciones que viene desarrollando la Dirección del Establecimiento Penal para contratar un profesional de salud que permita la atención debida a las internas».
En tal sentido, no sólo se sostuvo entrevista con la Directora de dicho Penal sino también con la Delegada de las 57 internas con la finalidad de informar no sólo de la supervisión y verificación de las condiciones, sino también la de coordinar actividades institucionales de promoción y defensa de derechos.
