- Para violadores de menores.
El decano del Colegio de Abogados de Loreto, Marco Antonio Noriega Piña, ha generado controversia al proponer la implementación de la pena de muerte en el Perú para los delitos de violación contra menores de edad. La propuesta surge ante el creciente número de casos de abuso infantil y otros crímenes de gravedad en el país.
Según Noriega, el sistema judicial peruano atraviesa una crisis que impide una administración de justicia eficiente y eficaz. En este contexto, sostiene que la permanencia de Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) imposibilita la aplicación de la pena capital. Como solución, plantea la salida del país del Pacto de San José, amparándose en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual permite la desvinculación de un Estado firmante mediante notificación oficial.
El decano sostiene que la imposición de la pena de muerte no debe interpretarse como una vulneración de los derechos humanos, sino como un mecanismo para garantizar la seguridad y protección de los menores frente a crímenes atroces. Asimismo, argumenta que la disuasión que generaría esta medida podría contribuir a la reducción de los casos de violencia sexual contra menores.
El planteamiento de Noriega Piña ha suscitado diversas reacciones en la opinión pública y en el ámbito jurídico. Mientras algunos ciudadanos y autoridades locales respaldan su postura al considerar que los castigos actuales son insuficientes, sectores de derechos humanos y juristas han rechazado la propuesta, recordando que el Perú es signatario de tratados internacionales que prohíben la pena de muerte en tiempos de paz.
Este debate se suma a las recurrentes discusiones sobre la reforma del sistema penal en el Perú y la necesidad de fortalecer las penas para los delitos sexuales, en especial aquellos que afectan a menores de edad. Sin embargo, la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte sigue siendo un tema complejo que requiere una revisión profunda de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. (C. Ampuero)
