Un escándalo descomunal ha desatado la Contraloría General de la República al señalar a más de 10 mil funcionarios de diferentes estamentos de gobierno como responsables de graves irregularidades en el manejo de diversos programas sociales, a quienes se ha denunciado por corrupción en el manejo de cerca de 250 millones de nuevos soles correspondientes a fondos públicos.
La Contraloría centró sus investigaciones en los programas sociales, donde encontró serias deficiencias en los gastos.
Una de las perlas es que durante 4 años, 21 mil beneficiarios en extrema pobreza no cobraron el incentivo de 100 soles mensuales. Pero eso no queda ahí. Este incentivo se dio a más de tres mil personas que nunca fueron pobres.
La cosa ahora está en el Congreso de la República, donde congresistas como Javier Diez Canseco se refocilarán con mucho gozo, porque desenvainarán sus espadas para cortar cabezas.
No hay obra, proyecto o licitación que se salve. La corrupción ha sido detectada en todos los sectores y eso debe ser muy preocupante, no solo para el o los partidos a los que pertenecen los involucrados, sino a la ciudadanía del país.
La corrupción ha tenido sus picos más altos durante el fujimorato. Menguó un tanto durante la administración de Toledo, pero en el último mandato de Alan García se ha incrementado hasta alcanzar niveles descomunales.
Es deber de este gobierno poner orden en el país y dedicar sus esfuerzos a construir una nación que se precie de la honestidad de sus gobernantes y de sus gobernados. Parece mucho pedir, pero con sacrificio y constancia todo se puede lograr, hasta las cosas que son consideradas imposibles.
