- Dirigentes confirmaron que 19 comunidades
mantendrán el cierre de ríos y exigieron la presencia inmediata de ministros en la zona.
Las comunidades del Bajo Tigre anunciaron la radicalización de sus medidas de protesta tras cumplirse 48 días de abandono por parte del Estado frente al avance de la minería ilegal que continúa contaminando los ríos de la zona con mercurio. Los dirigentes comunales denunciaron que, pese a las reiteradas solicitudes de diálogo y atención, las autoridades nacionales no han mostrado una respuesta concreta a su problemática.
Los representantes señalaron que 19 comunidades mantendrán el cierre de los ríos como medida de presión y advirtieron que otras cuencas podrían sumarse en los próximos días si el Gobierno Central no envía una comisión de alto nivel. Indicaron que desde hace más de tres años las familias consumen agua contaminada por la actividad minera, afectando su salud y el ecosistema de sus territorios. Entre las comunidades afectadas mencionaron a Monteverde, Piura, Bellavista, Malvinas, Huacachina, entre otras.
Los dirigentes comunales cuestionaron duramente la falta de compromiso del Estado y manifestaron que las únicas reuniones sostenidas hasta el momento fueron con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que no tienen capacidad de decisión. “No queremos más promesas, exigimos la presencia de ministros que puedan tomar acciones inmediatas”, expresaron los líderes durante un pronunciamiento público.
Respecto a la radicalización de las medidas, los dirigentes advirtieron que, de no recibir respuesta, procederán a bloquear el tránsito en los ríos Marañón y Corrientes. Aseguraron que las comunidades del Alto Tigre, Nueva Libertad e Intuto ya se sumaron al control fluvial, ampliando el alcance de la protesta en defensa de sus territorios.
Asimismo, denunciaron el abandono de las autoridades locales, afirmando que el alcalde del distrito de Intuto no se ha pronunciado ni se ha acercado a los manifestantes, mientras que otros alcaldes provinciales tampoco han logrado articular soluciones efectivas para enfrentar la crisis ambiental.
Los comuneros señalaron que el Estado ha permitido que la minería ilegal continúe devastando sus fuentes de agua, contaminando peces y afectando sus medios de vida. “Vivimos rodeados de contaminación y sin atención médica. Nadie se preocupa por lo que está pasando en nuestras comunidades”, enfatizaron los dirigentes.
Finalmente, los líderes del Bajo Tigre anunciaron que llevarán su reclamo hasta la ciudad de Lima, exigiendo una mesa de diálogo de emergencia con participación de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, y de Desarrollo Agrario. Mientras tanto, advirtieron que mantendrán el control territorial en los ríos, deteniendo embarcaciones sospechosas de transportar insumos para la minería ilegal, asumiendo —según afirmaron— funciones que el Estado ha dejado de cumplir. (K. Rodriguez)
