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Comuneros del Bajo Tigre retienen embarcaciones y lanzan ultimátum al Estado y a petrolera

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  • Indígenas denuncian que más de 50 dragas ilegales operan en la cuenca sin control alguno, mientras acusan a la empresa UPLAM y al gobierno de incumplir compromisos.

Ante la falta de respuestas concretas del Estado y el incumplimiento de acuerdos previos, 21 comunidades nativas del Bajo Tigre decidieron retener embarcaciones vinculadas a la empresa petrolera UPLAM y a transportes de combustible presuntamente destinados a abastecer a la minería ilegal.
La medida se adoptó luego de que los dirigentes comunales conocieran que la comisión de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no llegaría a la zona los días 11 y 12 de este mes, como estaba previsto. Según la información recibida, las autoridades habrían priorizado, “otras reuniones programadas en Moquegua”, lo que fue interpretado como una burla hacia las comunidades amazónicas.
Los comuneros también señalan que la empresa UPLAM, operadora del Lote 8 en la cuenca del río Corrientes, no estaría cumpliendo con los acuerdos asumidos en las cuatro mesas de diálogo sostenidas anteriormente, lo que ha incrementado la desconfianza y el malestar en la población.
El control comunal inició en la comunidad de Libertad, con el objetivo de frenar el paso de combustibles que alimentan a más de 50 dragas ilegales instaladas en la cuenca alta del río Tigre. Estas embarcaciones son señaladas como responsables de graves daños ambientales y de la contaminación del agua de consumo diario.
Los dirigentes indígenas hicieron un llamado a los medios de comunicación para visibilizar la crisis y remarcaron que el problema requiere una acción inmediata del Estado. Solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta, lo que ha reforzado la decisión de ejercer control territorial por cuenta propia.
El ultimátum de los comuneros está en marcha y exige tanto al Estado como a la petrolera el cumplimiento de sus compromisos. Las comunidades demandan un freno definitivo a la minería ilegal y a la contaminación que amenaza con destruir sus ríos, su salud y su forma de vida ancestral. (K. Rodriguez)

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