- El gremio médico sostiene que su acción no cuestiona el ejercicio de la odontología, sino que busca precisar las competencias.
El Colegio Médico del Perú (CMP) sustentó ante el Tribunal Constitucional (TC) la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 32210, en medio de la controversia generada a nivel nacional y en Loreto por los alcances de la norma relacionada con el ejercicio profesional de los cirujanos dentistas.
Durante la audiencia, el gremio médico presentó argumentos constitucionales, técnicos y deontológicos para sustentar su posición. Según el CMP, la acción busca precisar los alcances del acto médico y establecer con claridad las competencias profesionales en procedimientos considerados de alta complejidad.
El decano nacional del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega López, sostuvo que la posición institucional tiene como principal objetivo proteger el derecho de los pacientes a recibir una atención segura y garantizar que las competencias de los diferentes profesionales de la salud se encuentren claramente delimitadas.
El CMP remarcó que la demanda de inconstitucionalidad no pretende cuestionar el ejercicio profesional de la odontología ni el desarrollo de sus diferentes especialidades. Por el contrario, señaló que busca obtener una mayor claridad jurídica respecto a las funciones que corresponden a cada profesión dentro del sistema de salud.
La defensa de la posición del Colegio Médico estuvo a cargo de los abogados Lucas Ghersi y Enrique Ghersi. Durante la audiencia ante el Tribunal Constitucional también participaron representantes de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Cirugía y la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y Reconstructiva.
La discusión sobre la Ley N° 32210 también ha generado repercusiones en Loreto, donde representantes del gremio odontológico han expresado públicamente su posición en defensa de la norma. Los cirujanos dentistas sostienen que esta reconoce competencias y derechos profesionales que ya ejercen dentro de su campo de acción.
Frente a estas posiciones contrapuestas, el Colegio Médico reiteró que el centro de su demanda es la protección del derecho a la salud y la seguridad de los pacientes. La institución considera necesario que exista una definición jurídica precisa de las competencias profesionales, especialmente cuando se trata de procedimientos de mayor complejidad.
El proceso continuará ahora de acuerdo con el trámite establecido por el Tribunal Constitucional, organismo que deberá evaluar los argumentos presentados y emitir la decisión correspondiente. El Colegio Médico del Perú señaló que continuará participando en el proceso y defendiendo su posición institucional en favor de la seguridad de los pacientes. (K. Rodríguez)
