- La ANP exige garantías para salvaguardar su vida y la de su familia.
El periodista Carlos Alarcón, del canal Amazonía TV Yurimaguas, fue víctima de un atentado durante la madrugada del sábado 21 de junio, cuando sujetos aún no identificados dispararon trece veces contra su vivienda. Siete de los proyectiles impactaron en la fachada del inmueble y los otros seis fueron hallados a pocos metros de distancia. Afortunadamente, no se reportaron heridos.
El hecho se da en un preocupante contexto de violencia contra la prensa en el país. En lo que va del 2025, dos periodistas han sido asesinados: Gastón Medina, en la región Ica, el 20 de enero, y Raúl Celis en Iquitos el 7 de mayo, quien fue atacado mientras se dirigía a su centro de labores. En ambos casos, las víctimas habían reportado amenazas previas a sus muertes.
Ante esta nueva agresión, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) exigió garantías inmediatas para proteger la vida de Carlos Alarcón. Según detalló el propio periodista en comunicación con la Oficina de Derechos Humanos de la ANP, el ataque estaría relacionado a una serie de amenazas que recibió días antes, el lunes 16 de junio. En dichos mensajes, se le exigía retirar una publicación periodística difundida en el medio donde labora.
Las amenazas no solo apuntaban a él, sino también a su familia. Uno de los mensajes decía textualmente: “Plomo pediste y plomo vas a recibir”, lo que hace evidente el nivel de riesgo al que se encuentra expuesto por ejercer su labor informativa.
Alarcón relaciona directamente el atentado con un reportaje de su autoría titulado “¿Qué hiciste, Juvinal?”, en el que denuncia presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Rioja. Según su investigación, el burgomaestre habría transferido más de 8,000 metros cuadrados de terreno público a una persona que luego los vendió por S/ 60,000, perjudicando a un vecino empresario de la zona.
En ese marco, la ANP reiteró su llamado urgente al Estado para que garantice la vida e integridad del periodista y su entorno familiar. “El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad del periodista Carlos Alarcón y su familia, y debe actuar sin dilaciones ni excusas”, sentenció el gremio periodístico, subrayando el riesgo creciente que enfrentan quienes ejercen el periodismo de investigación en el país. (K. Rodriguez)
