Adelantándonos a la preocupación manifestada ayer por un diario capitalino, sobre el aporte de los donantes a los candidatos presidenciales, hace dos días tocamos el mismo tema, involucrando en el contexto escrito no sólo a la ley de partidos, sino también a la ley electoral bajo cuya custodia se desarrolla el proceso eleccionario que dotará al país de un nuevo gobierno.
Basamos nuestros conceptos en la serie de denuncias que se han venido ventilando en el escenario político nacional, constituyéndose en faltas sumamente graves que, increíblemente, no motivan interés en los entes fiscalizadores que, al parecer, saben que no es posible castigar tal delito debido a una, al parecer, ausencia de sanción ejempla- rizadora, lo que se deduce de la lenidad con que se trata el tema.
Sobre el particular, hay que señalar que al parecer a la ONPE todavía no llegan las rectificaciones que los personeros de los partidos aducen haber realizado en la presentación de sus cuentas.
Bajo tal pretexto los partidos, movimientos y clubes políticos, burlan a la ley de partidos políticos, reportando manejo de dinero en efectivo, cuando está establecido que deben hacerlo por medio de cuentas bancarias, como lo advierte la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.
Repetimos, hasta ahora sólo ha cumplido con presentar cuentas 5 instituciones políticas, la mayoría de ellas con omisiones que prometen subsanar. Ante esto se estudia recién, la posibilidad de introducir reajustes a la norma electoral, sanciones que eviten que se presenten vacíos sobre el origen del dinero que se recaude para cubrir las necesidades económicas de la campaña.
Se estipula que el origen de tal pedido, obedece a los vacíos que han mostrado los cinco grupos políticos que han cumplido con la norma, pero sin señalar la procedencia del dinero recaudado, que por la naturaleza del hecho podría calificarse como «dinero fantasma» etc.
También la ONPE ha detectado que en las declaraciones no se mencionan los costos reales de la publicidad radial, televisiva y escrita, así como de los viajes de los candidatos y sus comitivas.
Ante tal disyuntiva, precisamos que es necesario seguir la sugerencia de Pro Ética, de introducir una escala de sanciones que podrían llegar inclusive a la anulación del intento de la elección a que aspiran los inscritos. Pues lo sucedido (ocultar información) debe ser considerado como una estafa al país.
