-Federaciones Orpio – Acodecospat – Feconat – Fediquep – Feconaco se pronuncian:
Así lo han hecho conoce las bases orgánicas de ORPIO y la Asociación Nacional AIDESEP, elevando su reclamo y exigencia de justicia frente a las acusaciones de la Fiscalía Superior Mixta de Bagua sobre 53 dirigentes indígenas, considerados como responsables de las muertes en Bagua (2009) y otros delitos sin pruebas que demuestren
dichas acusaciones.
«Expresamos nuestra total solidaridad y respaldo a los 53 hermanos indígenas implicados en las infames acusaciones de la Fiscalía Superior Mixta de Bagua. La lucha de los pueblos indígenas amazónicos en Bagua el
año 2009 recibió el apoyo de diversas organizaciones nacionales e internacionales, indígenas y de la sociedad civil con motivo de defender la Amazonía y la vida en nuestros territorios indígenas de los autoritarios Decretos Legislativos emitidos por el ex presidente Alan García Pérez, de manera inconsulta y prepotente en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio
(TLC) en el Perú y así promover el ingreso de más empresas extractivas en nuestros territorios.
Exigimos que ante el irresponsable accionar de la fiscalía se investigue y castigue a los responsables de estas acusaciones que vulneran derechos contemplados en la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Instituciones especializadas han señalado que en las acusaciones de la Fiscalía Superior Mixta de Bagua «no se evidencia prueba instrumental o
testimonial idónea, directa o indirecta que acrediten la comisión de los hechos delictivos» (IDL- citado en Servindi 24 de enero 2013).
Señalamos como verdaderos responsables de las muertes de policías y civiles en Bagua el 2009 al ex presidente Alan García Pérez, y a la que fue su ministra del interior Mercedes Cabanillas, personas no gratas para el
movimiento indígena y rostros visibles de la corrupción y la mafia en la política nacional, actualmente blindados por los pactos que perpetúan la impunidad en el Perú.
Denunciamos que este tipo de acciones demuestran que se continúa con las políticas de persecución y criminalización de la protesta, hecho que lamentamos aún más cuando nos encontramos a mitad de un gobierno que aprobó una Ley de Consulta Previa sin el consentimiento de la mayoría de las organizaciones indígenas y está ad portas de una licitación masiva de Lotes petroleros que se sobreponen a territorios ancestrales indígenas. De continuar este tipo de acciones, cualquier dirigente, hermano u organización que se pronuncie o proteste en defensa de sus legítimos derechos y territorios y esté en contra de los intereses de la supuesta «economía nacional», será igualmente reprimido, perseguido y condenado» puntualizaron en el pronunciamiento las diversas organizaciones indígenas.
