-Comunidades indígenas de las cinco cuencas Cenepa, Marañón, Santiago, Chiriaco y Nieva están movilizándose hacia la ciudad de Bagua
-Iniciarán vigilia desde el 06 de marzo
A través de este pronunciamiento público, el Consejo Directivo de la Aidesep rechazó la acusación fiscal que pide cadena perpetua para algunos de los hermanos indígenas que protestaron pacíficamente en defensa de sus territorios ancestrales y exhortaron al Estado peruano no generar más conflictos sociales con este tipo de acciones que perturban la tranquilidad de las comunidades awajún y wampis de la zona.
Ante la Audiencia de Control de la Acusación Fiscal programada por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua para el próximo 7 de marzo, respecto de la acusación fiscal de cadena perpetua contra 54 líderes indígenas en el Caso Bagua, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – Aidesep, que reúne a 1500 comunidades amazónicas agrupadas en 67 federaciones y nueve organizaciones regionales, expresa lo siguiente:
«Lamentamos que en los procesos penales derivados de la movilización pacífica amazónica del 2008 y 2009, el Ministerio Público se haya convertido en una máquina de acusaciones contra los líderes indígenas de nuestra Amazonía, para quienes pide penas incluso hasta de CADENA PERPETUA, sin ningún criterio de justicia, sino de perseguir por perseguir con fraguados elementos de «convicción» por delitos inexistentes. Esta actitud injusta nos lleva a pensar que no se han cambiado las equivocadas «políticas» de criminalización de la protesta social y que mediante los operadores de «justicia» se trata de vapulear a nuestros líderes y dejar impune las responsabilidades del Estado por la masacre y genocidio de Bagua 2009. Aidesep califica como INACEPTABLE y ARBITRARIA la forma de cómo se ha tramitado al proceso judicial y a la incongruencia, contradicciones y carencia de fundamentos objetivos de la acusación fiscal con la única intención de esquivar la verdadera responsabilidad de los autores del genocidio de Bagua. Por ello, la acusación fiscal resulta criminalizando la justa protesta indígena del 2009 y termina defendiendo los intereses y negociados de los autores racistas del «perro del hortelano» vinculados a la invasión extractivista de la Amazonía que siguen desarrollando estrategias concertadas con otros poderes fácticos para negar un elemento central de toda democracia que es el derecho que tienen los ciudadanos a protestar libre y pacíficamente», expresan.
Asimismo, consideran que «No se ha considerado dentro del proceso a los verdaderos responsables de los lamentables hechos de Bagua como son el ex presidente Alan García, el ex primer ministro Yehude Simon y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas y los generales que ejecutaron las órdenes masacradoras con el peor operativo inimaginable. Tanto es la protección de la justicia peruana a estos operadores del racismo alanista que se ha omitido solicitar las declaraciones de los funcionarios que decidieron realizar el 05 de junio, la peor y torpe medida de «restablecimiento del orden público». Esto era importante para poder corroborar si tenían o no conocimiento de la decisión de las comunidades de retirarse o retornar a sus zonas el 05 de junio; y si se tenía conocimiento debió habérseles preguntado entonces ¿cuál fue la razón o qué se buscaba con la violencia policial, si ya los pueblos habían decidido retirarse? ¿quién les dio la orden de desalojo? ¿fue el propio Alan García o la ex ministra Cabanillas? ¿por qué la ex titular de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, mintió al decir que si se derogan los Decretos Legislativos, el TLC con EE.UU se cancelaba y alimentó ese clima de violencia? Todos estos funcionarios del Estado no solo deben ser acusados por una «responsabilidad política», sino que deben ser sancionados penalmente por la Justicia ante la violencia que azuzaron con sus erradas decisiones y mentiras. Declaramos que no permitiremos que una vez más nuestros dirigentes sean sentenciados a injustas penas, como la de cadena perpetua, que incluso chocan con el orden constitucional».
Es por eso que las comunidades indígenas de Amazonas, de las cinco cuencas de la región: Cenepa, Marañón, Santiago, Chiriaco y Nieva están movilizándose hacia la ciudad de Bagua para expresar su rechazo contra esta decisión que pretende sancionar a los pueblos por ejercer su libre derecho a proteger sus territorios contra la destrucción de sus bosques. Asimismo, iniciarán una vigilia desde el 06 de marzo en dicha ciudad para demostrar que los pueblos son pacíficos y que lo ocurrido hace cuatro años fue producto de decisiones políticas racistas y subastadoras de la Amazonía de los gobernantes de turno.
Piden a todas nuestras federaciones y organizaciones regionales a estar vigilantes frente a estos nuevos intentos de silenciarnos; a las organizaciones hermanas y de la sociedad civil que trabajan como aliados de los pueblos indígenas a solidarizarse con los dirigentes indígenas acusados y evitar que sean sentenciados como malévolamente se pretende con la acusación fiscal a cadena perpetua.
Finalmente, la Aidesep hace un llamado al gobierno de Ollanta Humala a no heredar mecánicamente el crimen racista del alanismo del 2009, a no criminalizar la protesta, a tender puentes para no generar más conflictos sociales. La Amazonía no necesita más represión, sino solución a las demandas territoriales, ambientales, económicas y de libre determinación para la «Vida Plena» de sus pueblos. (MIPR)
