- Federaciones indígenas advierten que establecimientos de salud comprometidos durante la Consulta Previa del Lote 192 presentan retrasos, contratos resueltos y falta de financiamiento.
A cinco años de la suscripción de los acuerdos de Consulta Previa del Lote 192, diversas comunidades indígenas de Loreto continúan esperando la construcción y puesta en funcionamiento de establecimientos de salud comprometidos por el Estado. Los proyectos, destinados a mejorar la atención sanitaria en territorios históricamente afectados por la actividad petrolera, presentan obras paralizadas, contratos resueltos y dificultades presupuestales que impiden su culminación.
Esta situación fue expuesta durante una reciente sesión de seguimiento convocada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), con participación del Ministerio de Salud (MINSA), el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), representantes de gobiernos locales y federaciones indígenas. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo 36 del acta de Consulta Previa del Lote 192, relacionado con la gestión del financiamiento para infraestructura sanitaria.
Según la información presentada, desde 2021 el PRONIS asumió la elaboración de los expedientes técnicos de los establecimientos comprometidos. Sin embargo, en 2023 las municipalidades solicitaron la transferencia de recursos para ejecutar las obras, amparándose en las disposiciones de descentralización. Las federaciones indígenas habían advertido sobre los riesgos de una administración deficiente de los fondos por parte de los gobiernos locales, pero sus observaciones no impidieron el proceso, lo que también redujo su capacidad de fiscalización.
Uno de los casos más preocupantes corresponde a la comunidad 12 de Octubre, en el distrito del Tigre, donde la municipalidad resolvió recientemente el contrato de construcción de un establecimiento de salud categoría I-4, valorizado en aproximadamente 40 millones de soles. La infraestructura apenas había alcanzado el 30 % de avance cuando se interrumpió su ejecución. Actualmente, los servicios médicos funcionan en el centro comunal, mientras que anteriormente la población recibía atención en un contenedor donado por la empresa Pluspetrol.
Una situación similar se registra en la comunidad de Pampa Hermosa, donde la construcción del establecimiento sanitario permanece paralizada desde hace varios meses, con apenas el 25 % de ejecución. Según lo reportado, la Municipalidad Distrital de Trompeteros mantiene valorizaciones pendientes de pago por aproximadamente 900 mil soles. Además, las estructuras inconclusas acumulan agua y se habrían convertido en espacios de proliferación de zancudos, incrementando la preocupación de los habitantes por el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.
En Nuevo Andoas, las dificultades también afectan la implementación de los servicios sanitarios. Un módulo temporal de salud, cuya construcción debía culminar en 90 días, lleva más de dos años en ejecución y registra únicamente un 80 % de avance. Durante ese periodo, la empresa contratista recibió 13 ampliaciones de plazo, mientras que la construcción del hospital definitivo continúa pendiente, prolongando las limitaciones de acceso a una atención médica adecuada.
Los problemas se extienden a las comunidades Nueva Jerusalén, Antioquía, Alianza Cristiana y Nueva Alianza, donde los proyectos comprometidos enfrentan dificultades de financiamiento para continuar su ejecución o implementación. A ello se suma la posibilidad de que los contratos resueltos deriven en procesos de arbitraje que podrían prolongarse durante años, retrasando todavía más la culminación de las obras y generando incertidumbre entre las familias indígenas que esperan estos servicios.
Las federaciones indígenas recordaron que los establecimientos fueron proyectados para atender no solamente a las comunidades donde se ubican, sino también a numerosas poblaciones cercanas, muchas de ellas asentadas en zonas alejadas y de difícil acceso desde la frontera con Ecuador. Los compromisos sanitarios surgieron como respuesta a más de cinco décadas de afectación ambiental vinculada a la actividad petrolera. Por ello, consideran urgente que las instituciones responsables garanticen el financiamiento, destraben los proyectos y establezcan mecanismos efectivos de seguimiento para evitar que las comunidades continúen esperando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Estado. (K. Rodriguez)
