- Abogado cuestiona falta de intervención oportuna del Estado y pide presencia efectiva en territorios amazónicos.
La muerte de un efectivo de la Policía Nacional del Perú en el reciente conflicto registrado en la comunidad de Providencia, en la región Loreto, ha vuelto a evidenciar serias fallas en el sistema de prevención y gestión de conflictos sociales, advirtió el abogado Juan Manuel del Águila Cárdenas.
El especialista, con experiencia en el Gobierno Regional y en la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, calificó la situación como un “fracaso total” del sistema, al señalar que existían instancias de diálogo que debieron intervenir desde el inicio del conflicto para evitar una escalada de violencia.
En esa línea, sostuvo que tanto la PCM como el Gobierno Regional de Loreto cuentan con oficinas especializadas en gestión de conflictos, pero que estas no actuaron de manera oportuna pese a que la problemática era conocida y advertida.
Asimismo, indicó que la Defensoría del Pueblo del Perú terminó asumiendo casi en solitario las labores de mediación, sin el respaldo necesario de otras entidades con mayor capacidad operativa, lo que evidencia una débil articulación del Estado.
Del Águila también cuestionó la práctica recurrente de firmar actas y compromisos que luego no se cumplen, lo que —según afirmó— incrementa la desconfianza de las comunidades y contribuye a la radicalización de los conflictos sociales.
Advirtió además que la ausencia del Estado en zonas como el Datem del Marañón y el Putumayo no solo agrava estas situaciones, sino que facilita el avance de economías ilegales y organizaciones criminales en territorios vulnerables.
El abogado enfatizó que la respuesta estatal no puede limitarse a acciones reactivas, sino que debe incluir mecanismos de prevención, seguimiento y presencia constante en las zonas de conflicto.
Finalmente, remarcó la necesidad de implementar políticas públicas con enfoque intercultural y presencia efectiva en el territorio, señalando que la solución no puede gestionarse únicamente desde oficinas en Lima o Iquitos, sino mediante intervención directa en las comunidades afectadas.
(K. Rodriguez)
