- Fiscalía especializada en anticorrupción de funcionarios debe tomar el caso e investigar a fondo.
- También la Procuraduría del gobierno regional de Loreto.
Lo narrado a continuación advierte presuntas irregularidades en el procesamiento, trámite y ejecución de recursos públicos y plantea una auditoría inmediata. Por lo que el gobernador de Loreto, así como la dirección regional de educación, quienes ya tienen conocimiento del tema, puedan dictaminar las medidas pertinentes.
Las presuntas irregularidades giran en torno al procesamiento, trámite y ejecución de recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional –FONCOR- en la UGEL Putumayo, por un monto total de 550 mil soles a fin de que se desarrollen las acciones de verificación, control, auditoría e investigación correspondiente y así se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales conforme a ley.
Un informe relacionado con el manejo de recursos del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) advierte una serie de presuntas irregularidades. De acuerdo con la documentación, durante la gestión presupuestal del año 2026 se habrían identificado transferencias y compromisos de pago considerados inusuales dentro del sistema de la entidad.
El informe puntualiza que el pasado 8 de septiembre de 2026 se habría procesado y ejecutado un monto total de 550 mil soles, distribuido de la siguiente manera: -350 mil soles correspondientes a la genérica de gasto 2.3 – Bienes y Servicios. Y 200 mil soles correspondientes a la genérica 2.6 – Adquisición de Activos No Financieros.
FUNCIONARIOS BAJO CUESTIONAMIENTO.
En el documento se menciona como funcionarios vinculados a las acciones y aprobaciones materia de observación a Julio César del Castillo Silva, administrador de la UGEL Putumayo (quien antes había sido administrador de la UGEL Contamana, donde se registraron actos de presunta y honda corrupción que llevó a gruesas investigaciones).
¿Y quién influyó para que lo vuelvan a contratar como Administrador en Putumayo? Eso tendrá que investigar la fiscalía especializada. Puesto que incluso existe la Resolución del Órgano Sancionador 007-2025-DREL/Ugel-U/C del 12 de mayo de 2025. Y otro penal.
La Resolución 007 determinó la sanción de destitución e inhabilitación por 05 años de Julio César Del Castillo Silva, jefe del área administrativa, infraestructura y equipamiento de la UGELU-Contamana, por haber incurrido en falta grave. Involucrado en el famoso caso de las “cooperativas de la Ugel/Contamana”, puesto que según informe 012-2024, se acreditó los pagos indebidos de la cooperativa de servicios especiales “Divino Niño” por un monto de 1´324 mil soles. ¿Cómo pese a la gravísima denuncia en la Ugel/Contamana, dio el salto a la Ugel/Putumayo, donde ahora se reporta este caso escandaloso de 550 mil soles?
Otros funcionarios del Putumayo; Ader Jordi Evaristo Rengifo, jefe de Presupuesto. Y Allison Carolina Flores Salazar, jefa de Abastecimiento de la Ugel/Putumayo. Determinadas acciones habrían sido presuntamente direccionadas y concertadas. Lo que debe ser corroborado o descartado por las autoridades competentes mediante las investigaciones.
FACTURAS HABRÍAN SIDO PROCESADAS ANTES QUE LAS ÓRDENES.
Uno de los aspectos más delicados descritos en el informe está relacionado con la secuencia seguida en los procedimientos de adquisición.
Se sostiene que se habrían procesado facturas antes de la elaboración de las respectivas órdenes de servicio y órdenes de compra, las cuales posteriormente habrían sido regularizadas de manera acelerada.
De confirmarse esta situación, corresponderá determinar si se omitieron procedimientos previos como la indagación de mercado, el requerimiento formal del área usuaria, las certificaciones presupuestales y demás actuaciones administrativas exigibles.
Este punto resulta especialmente relevante para establecer si los bienes o servicios fueron previamente requeridos, autorizados y contratados antes de la emisión de los comprobantes de pago.
DOCUMENTACIÓN TRAMITADA DURANTE DÍAS NO LABORABLES.
Otro de los aspectos cuestionados es que parte de la documentación habría sido sustentada, tramitada e ingresada durante los días sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de septiembre de 2026, conforme señala el informe. Actuaciones que habrían permitido acelerar los procedimientos administrativos relacionados con los recursos observados.
Por lo que será necesario establecer quiénes intervinieron durante esas fechas, qué documentos fueron ingresados, quién autorizó su procesamiento y cuáles fueron los registros generados dentro de los sistemas administrativos de la UGEL Putumayo.
PIDEN AUDITORÍA E INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL.
Entre las conclusiones del informe (absolutamente detallado), plantean la existencia de posibles responsabilidades funcionales relacionadas con la aprobación, trámite y ejecución de los recursos del FONCOR. No obstante, la determinación de cualquier responsabilidad deberá realizarse respetando el debido procedimiento y mediante una investigación sustentada en documentación administrativa, presupuestal, contable y contractual.
Por lo que recomiendan a la gobernación de Loreto, a la dirección regional de educación y a la entidad competente, que los hechos sean puestos de conocimiento del Órgano de Control Institucional (OCI) y la Procuraduría Pública Regional. Proponiendo la realización de una auditoría inmediata de las cuentas correspondientes a las genéricas 2.3 y 2.6, vinculadas a los recursos FONCOR ejecutados durante septiembre de 2026.
También plantea, como medida preventiva, restringir temporalmente determinadas facultades de firma y aprobación de los funcionarios involucrados mientras se desarrollan las investigaciones preliminares.
¿QUÉ DEBE INVESTIGARSE?
Revisar cada una de las operaciones vinculadas a los 550 mil soles observados, incluyendo: las órdenes de compra, órdenes de servicio, facturas, certificaciones presupuestales, requerimientos de las áreas usuarias, cotizaciones, conformidades, registros administrativos, fechas de ingreso de documentos y autorizaciones correspondientes.
Asimismo, deberá establecerse la identidad de los proveedores beneficiados, los conceptos contratados, los montos individuales pagados y si los bienes o servicios fueron efectivamente entregados y recibidos por la entidad. La ruta completa del dinero permitirá determinar si los procedimientos se realizaron conforme a ley o si existieron actos que ameriten responsabilidades administrativas, civiles o penales.
RESPONSABILIDADES DEBERÁN SER DETERMINADAS POR LAS AUTORIDADES
Los hechos expuestos requieren un esclarecimiento objetivo y documentado. Corresponderá a los organismos competentes determinar si existieron infracciones administrativas, afectación económica al Estado o algún hecho con relevancia penal. Del mismo modo, los funcionarios mencionados deberán contar con la oportunidad de presentar sus descargos y documentación de sustento.
La investigación deberá establecer con precisión cómo se procesaron los 550 mil soles, quiénes autorizaron cada etapa, quiénes resultaron beneficiados con las contrataciones y si los bienes o servicios correspondientes fueron efectivamente entregados a la UGEL Putumayo.
Solo una auditoría y una investigación independiente permitirán establecer las responsabilidades que correspondan. Y de todo esto ¿qué tiene que decir el actual director de la Ugel involucrada en presuntos hechos de salpicada corrupción? (LMHL).
