-A pesar que concesión culmina el 2015
Al norte de Loreto, en el distrito de Andoas, se encuentra el lote petrolero 1AB. Este lote tiene 40 años de actividad y su historia data del tiempo de los primeros grandes hallazgos de petróleo en la Amazonía peruana. Además de ser uno de los lotes más antiguos, es también el de mayor producción a nivel nacional, con un promedio de 15 mil barriles de petróleo por día.
El lote 1AB se encuentra ubicado sobre territorios indígenas ancestrales. En la actualidad, dentro de sus límites, se encuentran comunidades Achuar del río Corrientes, quechuas del río Pastaza y kichwas del río Tigre. La relación de estas comunidades con la petrolera es permanente, y los términos de esta no siempre se da en buenos términos, puesto que las actividades de extracción de hidrocarburos generan afectaciones a la salud, al ambiente y a la cultura en las comunidades.
Durante años, las actividades de exploración y explotación petrolera en nuestro país se ejecutaron sin ningún mecanismo de regulación ambiental o marco legal necesario para garantizar los derechos colectivos indígenas. Es por esto que la historia del lote 1AB está vinculada a una serie de conflictos y demandas históricas de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos. Asimismo, la escasa presencia del Estado ha propiciado el abandono jurídico y administrativo en la zona.
Movilizaciones indígenas…
La actividad petrolera no necesariamente llevó desarrollo a las comunidades; por el contrario, en aquellas zonas se ha asentado por años la impunidad ambiental y el desconocimiento a la autoridad o las organizaciones indígenas. Este escenario originó en 2006 una importante toma de los pozos y el campamento petrolero en la base Dorissa del lote 1AB. La medida duró semanas y estuvo dirigida por achuares y kichwas.
El resultado de aquella toma fue el Acta de Dorissa, documento en el cual la empresa operadora Pluspetrol se comprometió ante las organizaciones indígenas y el Estado a realizar mejoras en la gestión ambiental, financiando además proyectos de desarrollo para las comunidades vía el gobierno regional de Loreto.
Esto originó algunos cambios importantes en la gestión de la empresa (se inició el financiamiento de programas de vigilancia ambiental indígena, la reinyección de aguas saladas, etc.). Sin embargo, la situación no cambió profundamente. Hace pocos meses, los quechuas del Pastaza realizaron una importante movilización, histórica para el pueblo, exigiendo el cumplimiento del Acta del Pastaza (2011), un documento similar al de Dorissa. En esta nueva movilización, la exigencia fue la misma de años atrás: respeto al pueblo indígena.
Consulta previa sin claridad
En los últimos meses se ha hecho público el interés de la empresa nacional Petroperú por participar con un porcentaje en la próxima concesión del lote 1AB. Incluso, la licitación del mismo se ha adelantado para setiembre de este año (a pesar que la concesión culmina todavía en 2015). Al respecto, las opiniones de diferentes sectores involucrados en este proceso de licitación como el Ministerio de Energía y Minas, Perupetro o el Viceministerio de Interculturalidad, han sido imprecisos y ambiguos en sus declaraciones referentes a la consulta previa para el caso del lote. Las organizaciones indígenas aún se mantienen sin recibir comunicación alguna al respecto.
Por otro lado, trascendió en la prensa (Gestión 14/8) que un adecuado proceso de consulta se estaría considerando como una dificultad en el acelerado proceso de licitación planificado por los ciertos sectores del gobierno. A pocos días de la anunciada licitación, todo esto resulta preocupante.
Existe el marco legal apropiado para iniciar mejoras en las relaciones con los pueblos indígenas en la zona de explotación petrolera más antigua de la Amazonía peruana, caldo de cultivo de múltiples conflictos sociales; sin embargo, la poca claridad, lo contradictorio y la incertidumbre en este proceso empaña una inmejorable oportunidad para corregir y acercar las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. (MIPR)
