En común acuerdo con las organizaciones indígenas de las cuatro cuencas y saber el nivel de contaminación que ostentan los territorios de la Amazonía, la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca/ACODECOSPAT, a través de un pronunciamiento, denuncia ante diversas autoridades una serie de supuestos hechos que amenazan la Reserva Nacional Pacaya Samiria y el territorio ancestral kukama-kukamiria, consecuencia del abandono del Estado, la corrupción y la actividad petrolera de Pluspetrol en la zona.
Exigen el respeto al territorio del Pueblo Kukama-kukamiria, a la Reserva Nacional Pacaya Samiria y a la gran biodiversidad que se encuentra en ella. La identificación y georeferenciación por parte del Estado de los pasivos ambientales en el lote 8X batería 3 Yanayacu, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. La determinación de los daños ocasionados, por pasivos ambientales en el lote 8X, en el río Marañón, sus recursos y la salud de los seres humanos, para exigir la sanción ejemplar a los responsables que ocasionaron este desastre por más de 40 años.
«La destitución y enjuiciamiento a los Funcionarios, cómplices que encubrieron los desastres ambientales en la reserva Nacional Pacaya Samiria, como es el Jefe de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el Biólogo José Grocio Gil Navarro que trabajó en la Reserva en la década del 90 como Jefe de Cuenca del Samiria y como Jefe de la Reserva desde el 2000 hasta el 2003 y de nuevo desde el año 2009 hasta la fecha, quien no realizó ninguna acción concreta de seguimiento a la presencia de la empresa petrolera al interior del Área Natural Protegida y tampoco denunció sus delitos de contaminación», refiere el pronunciamiento.
También piden la información transparente y verídica del convenio firmado entre el SERNANP y PLUSPETROL Norte por miles de dólares y las condiciones establecidas en el convenio.
«Exigimos, la revisión del expediente que impunemente fue prescrito por la Corte Superior de Justicia que estuvo a cargo de ventilar la demanda por derrame de 5,500 barriles de crudo en el río Marañón en octubre del 2000. Exigimos la reapertura de la investigación del caso del derrame de 500 barriles de petróleo en junio del 2010 en el río Marañón, que el fiscal responsable ordenó archivarlo y que esta investigación esté a cargo del fiscal Especializado en Materia Ambiental de la Provincia de Loreto y que la sombra de la impunidad no siga mellando el derecho de los pueblos indígenas».
Piden a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Comisión Multisectorial, reunión urgente para evaluar los avances concretos trabajados hasta ahora en base al respeto a los derechos de los pueblos y la búsqueda de solución a los problemas de las cuatro cuencas planteados en la agenda presentada a la PCM y determinar responsables del retraso de este proceso.
«Exigimos una evaluación ambiental estratégica realizada por peritos internacionales elegidos en común acuerdo con las organizaciones indígenas de las cuatro cuencas y saber el nivel de contaminación que se encuentran nuestros territorios y establecer responsabilidades, sanciones y recursos para la recuperación de las zonas impactadas, antes de nuevas concesiones petroleras. Exigimos el replanteamiento de la ley y su reglamento de la consulta previa desde una propuesta que nazca de los pueblos indígenas a cargo de las mismas organizaciones representativas financiadas por el Estado».
Piden que el proceso de consulta se realice antes del establecimiento de los lotes petroleros superpuestos a territorios indígenas y que este proceso responda a los intereses, percepciones y la cultura de los pueblos indígenas.
«Exigimos al presidente del Gobierno Regional de Loreto una reunión de urgencia para evaluar los avances de la implementación del acta firmada con ACODECOSPAT, los Apus que son representantes de las comunidades bases de la organización; asimismo, invitar a la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Loreto Nauta, como veedores a dicha reunión que se debe realizar en la comunidad nativa Dos de Mayo». (MIPR)
