- Opinó el fiscal provincial Carlos Castro, de la fiscalía especializada en medio ambiente.
Es decir, desde que su creación, Sedaloreto ha captado agua de la cuenca del río Nanay, ya sea en vaciante o creciente. Ésta fluye por un tubo hasta la planta de tratamiento ubicada en Pampachica, para luego ser distribuida a los usuarios.
Lo que el fiscal Castro Quintanilla, menciona, es qué si la cuenca del Nanay se destruye del todo, porque ya está destruida con tanta contaminación de mercurio a raíz de la explotación del oro; la empresa tendrá que buscar otra zona de dónde captar el agua y sin duda que el lugar sería muy alejado de la planta de tratamiento, lo que generaría más gastos operativos que luego serían cargados a los usuarios. O sea, a todas las empresas y familias de la ciudad.
El experimentado fiscal opinó sobre la resolución que el instituto, apéndice de energía y minas, otorgó a un privado para que desarrolle minería en la importante cuenca de la isla Iquitos.
“No solo es una vulneración completa a la Constitución, sino también al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. La FEMA con representantes de otras entidades, ha estado peleando de manera incansable desde hace años, advirtiendo sobre la destrucción de la cuenca y avanzando en las investigaciones respecto a la extracción de oro en el río Nanay.
No propiamente por la actividad minera, sino por las consecuencias que desata como la contaminación del río Nanay que es el principal río que abastece a la ciudad del agua, del recurso hídrico”, dice Castro.
¿Sería una catástrofe si se pierde esa fuente de agua?
-Claro que sí. Una cuenca contaminada traería altas consecuencias económicas. Considero que Iquitos no está preparada para que se eleve el costo, no de la canasta básica, sino del precio por consumo de agua. ¿Por qué? Porque si muere la cuenca del río Nanay, la empresa tendría que captar y tratar agua de otra parte alejada y eso sin duda generaría más gastos operativos.
Una persona que ahora puede pagar entre 15 a 20 soles, pasaría a pagar entre 50 y 80 soles. Los que ahora pagan así, pasarían a pagar 120 soles a más, por mes. Y las empresas públicas y privadas, ni hablar. Es decir, afectaría el bolsillo de todos. Acá se ha vulnerado la Constitución, así como el DS 1100 que prohíbe expresamente realizar actividades extractivas dentro del lecho de río como es en Loreto.
La sociedad civil exige al ministerio público, a las autoridades en conjunto, que ejecuten operativos y destruyan todas las dragas de ese río, no unas cuántas sino todas…
-Se destruyen y aparecen más. Es una actividad altamente lucrativa. Está trayendo mucha violencia, hasta muertes se están reportando. Al existir una actividad altamente lucrativa, no tardarán en llegar organizaciones mucho más fuertes a tomar el río Nanay ya que es una zona en donde no hay presencia del Estado y es propicia justamente para sus actividades ilegales.
Son grupos que manejan toda una estructura. Utilizan la violencia para que las comunidades no influyan en la desarticulación de éstas. Es decir, ya no habrán dragueros peruanos, sino venezolanos, colombianos, algunos que imparten violencia, actividades ilegales conexas que traen pobreza.
¿Cómo la trata de personas?
-Trata de personas no solo para la explotación sexual, sino también laboral. Hay esclavitud. Se acentúa el lavado de dinero y el lavado afecta al empresariado de acá. Esas personas que extraen oro, de una u otra forma, van a tener que lavar esa plata. Tienen que hacerlo pasar como dinero legal, para ello utilizan empresas, pollerías, cebicherías, restaurantes, joyerías, comprar una lancha, bienes etc.
A ellos no les interesa ganar, sino tirar el precio abajo para boletear, es la actividad del lavado. Les interesa hacer parecer como dinero legal, limpio, cuando se sabe que provine de la explotación del oro.
Obviamente se ven perjudicados y afectados los verdaderos empresarios que no van a poder continuar con sus precios. Entonces van a quebrar, no van a poder seguir y viene el desempleo. Eso trae violencia, criminalidad, hay personas que ven como opción la delincuencia para sostener a sus familias. Es un problema social bastante grave y nace de una actividad ilegal en el Nanay.
Si el poder judicial sataniza la actividad ilegal, la policía debería instalar una garita de control a la entrada del rio nanay, debidamente equipada y evitar el transito de material que utilizan las dragas.
Si se conoce los lugares de la actividad, las fuerzas armadas, especialmente la marina de guerra, deberán ejecutar operativos destinados a la destrucción total de las barcazas y enjuiciar a las personas que operan, aplicando las sanciones correspondientes. No estemos llorando sobre leche derramada.