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13 Regiones afectadas por metales tóxicos denuncian que gobierno central no escucha sus demandas

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  • Loreto es una de las regiones afectadas por la contaminación de cinco de sus principales cuencas a causa de la actividad petrolera.

Los afectados y afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas, reunidos en una Plataforma que agrupa a representantes de 13 regiones del país, denuncian que en las tres reuniones que han sostenido con la Comisión nombrada por el Gobierno se viene ignorando sistemáticamente sus propuestas y demandas.
Dentro de estas regiones también se encuentra la región Loreto, debido a que los habitantes de las cuencas del Pastaza, Corrientes Tigre, Marañón y Chambira son afectados por la actividad petrolera.
El pasado 02 de julio se emitió la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM que crea la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Al respecto, la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, a pesar de no haber sido consultada para la emisión de dicha resolución, en su momento saludó la creación de esta Comisión, ya que, desde hace más de 2 años se viene luchando para que las autoridades nacionales atiendan, desde los distintos niveles y competencias, las demandas de los afectados y afectadas por metales tóxicos en nuestro país.
En ese marco, la Plataforma con sus voceros y voceras y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana vienen participando activamente en las discusiones en la Comisión, sin embargo, en las últimas reuniones se ha llegado a un estancamiento en el diálogo, debido a que el gobierno no está fundamentando adecuadamente su oposición a propuestas como la inclusión de sustancias contaminantes que no se están tomando en cuenta.
Desde la primera reunión con las autoridades, la Plataforma expresó su preocupación debido a que la Comisión no incluye ni en su nombre ni en sus objetivos a los metaloides, como el arsénico y otras sustancias químicas, como los contaminantes producidos por los hidrocarburos o el dióxido de azufre. Ello pese a que estas sustancias habían sido identificadas en los estudios previos realizados por las propias entidades del Estado en las poblaciones contaminadas.
Esta discusión fue postergada a pedido de los funcionarios de los ministerios, siendo este un tema central y fundamental para un abordaje integral al problema.
En ese sentido, a pesar de los diversos antecedentes y estudios realizados, la Plataforma alerta de la intención de excluir la atención a las personas expuestas a metaloides, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, de los alcances del Plan Multisectorial Integral e Integrado, como lo dictan los considerandos de la Resolución Suprema 034-2020/PCM.
Por otro lado, los principios de transparencia y de no coerción han sido afectados sistemáticamente en las tres sesiones que hasta ahora se han llevado a cabo; postergándose, además, la solicitud de participación de la Defensoría del Pueblo, como veedor del proceso.
La Plataforma denuncia que, en las tres sesiones desarrolladas, los representantes del gobierno han recortado iniciativas y propuestas técnicas realizadas para garantizar la calidad mínima de un plan integral multisectorial que atienda la problemática de salud ambiental y humana, que afecta las vidas de las poblaciones, sus territorios, recursos y derechos fundamentales.
Por ello, la Plataforma invoca a que los titulares de los sectores críticos, que deben encabezar el trabajo para construir un plan integral e integrado, asuman con una clara voluntad política y disposición a buscar salidas viables y sostenidas a esta problemática. Las medidas y acciones que los afectados y afectadas solicitan al Estado, no solo tienen fundamento en el marco jurídico nacional, sino que también están respaldadas por las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Finalmente, la Plataforma hace un llamado a la continuidad responsable de las reuniones y la ampliación de los plazos de vigencia de la Comisión, toda vez que a este ritmo no se logrará concluir a diciembre con los propósitos encargados por la Resolución Suprema. La Plataforma invoca a un trabajo compartido fructífero en beneficio de las poblaciones expuestas, que, por décadas vienen siendo vulneradas y afectadas en sus derechos a la salud y la vida. (R. Graicht)

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