- Algunos de los avances que mencionan se refieren a la firma del convenio entre el PNUD y MINEM para la elaboración de un Estudio Técnico Independiente.
Casi un mes lleva la movilización pacífica de los pueblos quechua, achuar y kichwa en el Lote 192 sin que el gobierno peruano priorice sus demandas. La producción del lote continuará paralizada hasta que se garantice a las comunidades la realización de un proceso de Consulta Previa para la concesión del lote de hidrocarburos por 30 años.
Las comunidades quechua del Pastaza, achuar del Pastaza y Corrientes, y kichwa del Tigre se reunieron esta semana en la Comunidad de José Olaya para determinar un plan de acción frente al oficio de respuesta a sus demandas que fue emitido por el Viceministerio de Gobernanza Territorial. En su declaración, las comunidades analizan los avances y retrocesos dentro del proceso de diálogo que vienen sosteniendo con el Estado desde iniciada su medida de lucha, así como comunican la continuación de ésta y las condiciones que esperan ver cumplidas antes de darla por finalizada.
Algunos de los avances que mencionan se refieren a la firma del convenio entre el PNUD y MINEM para la elaboración de un Estudio Técnico Independiente que determinará la mejor manera de realizar la remediación ambiental del lote; así como las recientes informaciones sobre la situación de las negociaciones previas entre las empresas interesadas en operar el lote. Como se sabe, recientemente se hizo pública la ruptura del consorcio entre Petroperú y Frontera Energy que pretendía obtener la concesión del lote por los siguientes 30 años mediante negociación directa; un escenario que, según las federaciones y comunidades, amenazaba el respeto a su derecho a Consulta Previa.
En cuanto a los retrocesos, los indígenas expresan su preocupación en cuanto a la omisión en el oficio de algunas de las propuestas expuestas y concertadas en la reunión que sostuvieron en Nuevo Andoas el 28 de setiembre con representantes de la PCM, MINEM y MINCU. Una de ellas se refería a una mesa para la elaboración de propuestas relacionadas al nuevo contrato de concesión.
“El Estado retira la posibilidad construir en conjunto una propuesta de contratoque permita salvaguardar los derechos de los pueblos y apostar por la paz social. Esta opción fue propuesta y acordada en la reunión del 28 de setiembre en Nuevo Andoas; sin embargo no es mencionada en el oficio que recibimos”, se lee en la declaración.
A su vez, exigen que se garantice y no sólo se “facilite” el diálogo con representantes de las empresas que tengan capacidad de decisión respecto a la atención de los derrames que han sucedido recientemente; y rechazan las informaciones difamatorias que han generado opiniones racistas y violentas tanto de parte de la ciudadanía como de representantes del Estado.
“Rechazamos las declaraciones tendenciosas de trabajadores de la empresa a medios de comunicación que afirman que hemos secuestrado a su personal. Esa información es falsa”, afirman en el texto. “Condenamos la irresponsabilidad de los medios de comunicación que irresponsablemente difundieron estos mensajes sin corroborar los hechos y omitiendo información importante para comprender mejor el escenario, faltando a la ética periodística y provocando reacciones violentas y mensajes de odio hacia nosotros de parte de la opinión pública”, continúa.
La declaración concluye con el listado de propuestas a concertar con el Estado y que deberán constar en acta como condición para levantar la medida de protesta. Ellas se refieren a la garantía de un proceso de Consulta Previa, el desarrollo en conjunto de una propuesta de contrato de concesión, la elaboración de un Plan de Desarrollo participativo e intercultural, y la atención de temas pendientes y urgentes, como son la ejecución del Plan de Salud, la entrega del informe del estudio toxicológico y la remediación integral del territorio, entre otros.
En un reciente comunicado, la Defensoría del Pueblo invocó a la Presidencia del Consejo de Ministros continuar privilegiando el diálogo directo que permita adoptar acuerdos satisfactorios con las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y Marañón que han paralizado las actividades del Lote 192 y restringido el tránsito aéreo en Nuevo Andoas.
(C. Ampuero)
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