Interpretando la constitución del país, llegamos a la conclusión en nuestro ordenamiento social y político, es toda persona con derechos garantizados por el Estado y deberes hacia la comunidad que lo alberga.
Hecha esta especie de disquisición sobre el tema, determinamos que todos y cada uno de nosotros somos ciudadanos desde que cumplimos los 18 años de edad y nos inscribimos en el Registro Electoral (RENIEC,) obteniendo así el documento nacional de identidad (DNI) con el cual podemos ejercer nuestra condición de ciudadanos libres en un país democrático.
Según la misma constitución, la condición de ciudadano sólo se suspende por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de la libertad y por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Es nulo y merecedor de sanción, todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Debe precisarse que el concepto ciudadano no se agota en su definición jurídico político, sino que adquiere sentido en su cabal y responsable ejercicio cotidiano. Es decir la práctica de la ciudadanía alimenta permanentemente el concepto.
Es en base a tal definición que podemos señalar que los ciudadanos son todos los hombres y mujeres que reconocen para sí y para los demás, los derechos fundamentales y propios de la dignidad humana y que movidos por sus propias identificaciones y diferencias acuerdan variados ámbitos de interacción, eligen autoridades y se asocian para participar colectivamente en la deliberación de decisiones públicas.
El rol del ciudadano en nuestra sociedad, es esencialmente evitar una cultura de súbditos no participativa ni pasiva. Debemos desarrollar la conciencia de la responsabilidad social de la ciudadanía en democracia, como uno de los componentes de la cultura política, cuyo signo principal sea la participación ciudadana para el tránsito de una democracia representativa a una de carácter participativo.
