POR: JUAN SOREGUI VARGAS.
Durante estos últimos meses, los accidentes acontecidos en los huecos de las calles en las diferentes zonas de la provincia de Maynas, nos ha planteado la pregunta que encabeza esta nota: ¿Quién se responsabiliza por las tragedias ocurridas en estos inmensos hoyos producidas por la construcción de agua, desagüe y pistas?
Existen precedentes para señalar a las autoridades nacionales, regionales, provinciales y locales, como responsables de accidentes trágicos, por no poner en práctica un programa de seguridad para el ciudadano que recorre las diversas vías del país en todo el territorio nacional, particularmente en las metrópolis y los que viven en las cercanías.
Para no remontarnos a muchos años atrás, queremos señalar dos ejemplos: El primero, es la denuncia de más de dos docenas de familias que hicieron a la autoridad autónoma del tren eléctrico, en la capital de nuestro país.
En un distrito cercano por donde se estaban construyendo los pilares y la plataforma por donde va a recorrer este tren, los movimientos de maquinaria pesada, tractores, volquetes, y otros que hacían este trabajo ocasionaron con la vibración fracturas en las estructuras de las casas de los denunciantes. Para fundamentar esta denuncia los afectados solicitaron a la empresa constructora y a la autoridad autónoma del tren eléctrico la evaluación de impacto ambiental. En este documento de gran importancia se encontró que existía una especie de fondo para restaurar los impactos negativos en el ambiente y especialmente para remediar lo que podría ser dañado.
Con estos datos los afectados procedieron a la demanda respectiva y consiguieron ganar y hacer que la empresa constructora y la autoridad autónoma del tren asumieran los gastos de reconstrucción de sus casas.
El segundo ejemplo, es lo acontecido en el distrito de Barranco. Hace tres semanas, en la carretera de la costa verde, una piedra cayó encima de un taxi que llevaba dos pasajeros, una de ellas se encuentra casi parapléjica (informe de noticieros de televisión nacional) y, la responsabilidad ha caído con todo sobre la autoridad de este distrito, liderada por su alcaldesa, quien ha hecho un mea culpa por no limpiar esta zona y que ahora, después del trágico accidente se ha propuesto eliminar estos potenciales peligros. Como siempre, las autoridades reaccionan cuando alguien muere o queda invalido. La familia de la accidentada ha protestado en todos los idiomas, pero sólo recibe un apoyo económico insignificante ante la magnitud de la tragedia.
En estos dos ejemplos se puede observar a una población bien informada y en el otro caso, no sé si existe, a personas que no conocen la existencia de alguna norma que responsabilice a la autoridad, en este caso al gobierno municipal de barranco, para reclamar sus derechos.
Estos casos se relacionan de manera estrecha con lo que estamos viviendo los ciudadanos de Maynas: han existido numerosos accidentes, algunos trágicos, por la negligencia de los que nos gobiernan por no cerrar a tiempo los huecos de las pistas, y, en otros por no obligar a las empresas constructoras del alcantarillado y de las pistas a rellenar estos hoyos o en todo caso sancionarlos o por lo menos señalizarlos correctamente. Pero no sólo es negligencia de las autoridades regionales y locales, sino de las fiscalías de prevención del delito, que sólo se preocupan cuando el hombre o mujer ya está viajando al más allá. ¿Qué previenen?
Por otro lado las empresas constructoras deben ser obligadas a presentar, a colgar en la página de internet correspondiente, un resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental o todo el estudio de impacto ambiental de cada obra, para que el ciudadano pueda ejercer su reclamo cuando es afectado. Es más, estas empresas deben obligatoriamente depositar en un banco un fondo económico para restauración y remediación de los impactos negativos que se realicen en el proceso.
Estamos seguros que en alguna parte del código civil o penal (nos gustaría tener información del colegio de abogados, de las facultades de derecho de las universidades o de profesionales independientes) existe alguna norma que responsabilice a las autoridades o empresas de estos trágicos sucesos. Si no lo hay plantear este asunto para que se legisle, pero que se cumpla o se haga cumplir. Es necesario que los colectivos de ciudadanos que vienen apareciendo ahora para vigilias, etc, consigan esta información y con la ley en la mano procedan a apoyar a los afectados y sus familias denunciando a los responsables de esta negligencia.
