Por: José Álvarez Alonso
Visité por primera vez la Reserva Nacional Pacaya – Samiria hacia 1984 o 1985. Junto con mi hermano Jesús y un pescador comercial que tenía un permiso de pesca para la reserva (Pablo Rengifo, ya fallecido) ingresamos a la cuenca baja del río Pacaya. En la cocha Tamara nos instalamos en el campamento de Gastón Ramos, un personaje increíble, también ya fallecido, que estaba pescando y salando paiche, gamitana y arahuana, habilitado por Pablo. Fue mi primera inmersión real en la increíble naturaleza amazónica, pues hasta entonces apenas había visitado Nauta y algunas comunidades cercanas a Nauta y a Iquitos. Las increíbles historias que nos contó en esos pocos días Gastón Ramos nos introdujeron al pasado reciente de la Amazonía y nos dejaron un recuerdo imborrable. En sus sesentas bien llevados, Gastón era un personaje increíble, de esos que te encuentras muy ocasionalmente en tu vida; había recorrido buena parte de los ríos de Loreto y desempeñado la multitud de oficios que los antiguos amazónicos y no tan antiguos desempeñaban y desempeñan, según sopla el viento de la demanda y se van agotando los recursos: participó en la fiebre del palo de rosa, de los cueros de animales y de los animales vivos (hasta que su extracción comercial fue prohibida a mediados de los años 70) y, en años más recientes, se dedicó a la madera y a la pesca.
A raíz de esa visita publiqué un pequeño reportaje en la entonces flamante revista Kanatari, ya desaparecida, que provocó un pequeño terremoto en la Dirección de Pesquería, por entonces a cargo de la administración de la cuenca del Pacaya (la otra cuenca importante de la reserva, el Samiria, estaba a cargo de la Dirección de Agricultura). El reportaje, que se titulaba “¿Zona reservada o zona saqueada?”, describía la situación deplorable en que se encontraba la única reserva que por entonces tenía Loreto, descrita a través de los ojos de Gastón, Pablo y otros pescadores, guardaparques y pobladores de la comunidad de Bretaña con los que conversamos durante la visita. Todos ellos resaltaban la escasez creciente de recursos pesqueros y de fauna, en comparación con lo que habían conocido años atrás. La situación se deterioró todavía más en los años siguientes, cuando los pocos guardaparques que tenía esta reserva tuvieron que retirarse por amenazas de los subversivos.
Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar de nuevo la comunidad Veinte de Enero, en la cuenca del Yanayacu-Pucate, la tercera gran cuenca -junto con las del Pacaya y el Samiria- que forma parte de esa reserva. En el marco de las conversaciones con los pobladores sobre el proyecto que estamos impulsando en dicha cuenca, también hablamos sobre la situación de los recursos naturales en la zona. Modesto Zamora, uno de los líderes de esta comunidad, me comentó cómo fue su historia en relación con la reserva. Aunque había nacido en la vecina Nauta, hace casi tres décadas se trasladó a la cuenca del Yanayacu “a recursearse”, como tantos otros loretanos.
En ese tiempo todavía el Yanayacu no tenía la presencia de puestos de vigilancia y guardaparques que tenían las del Pacaya y el Samiria, pues se había incorporado al área protegida recién en 1982, con la creación de la actual reserva nacional (aunque existía como reserva pesquera desde los años 40). Extractores de todo tipo de recursos se paseaban a sus anchas por los bosques, las cochas y las quebradas, sin ningún control ni límite. Las consecuencias fueron previsibles: cada vez eran más escasos los recursos, y su extracción terminó por dejar de ser rentable. Incluso el pescado y la carne de monte llegaron a sobre explotarse de tal modo que las comunidades locales tenían problemas para asegurar el consumo familiar. Un escenario lamentablemente muy frecuente hoy en muchas comunidades loretanas, donde la carrera por extraer recursos de libre acceso provoca lo que los expertos llaman “la tragedia de los bienes comunes”. Esto ocurre especialmente fuera de áreas protegidas, porque en estas últimas las comunidades, organizadas y capacitadas, colaboran con el Estado en regular el acceso a los recursos silvestres (fauna silvestre, recursos hidrobiológicos, frutos de palmeras, madera), con lo que estos nunca se agotan.
Las consecuencias de la sobre explotación de los recursos forestales y acuáticos son muy graves: además de empobrecer a las comunidades que dependen de esos recursos para su subsistencia, hipotecan su posible desarrollo futuro, ya que los bosques y cuerpos de agua son su mejor y principal activo. Pero más grave que el impacto económico es el impacto en la salud: dado que el pescado y la carne de monte son las principales fuentes de proteínas y grasas para las comunidades rurales, la desnutrición crónica infantil y la anemia afectan a más de la mitad de los niños, especialmente a los indígenas. Y ya sabemos que el cerebro de un niño anémico y desnutrido no desarrolla las conexiones cerebrales indispensables para un desarrollo intelectual adecuado, con las consecuencias previsibles en cuanto a rendimiento escolar y acceso a una posible formación profesional.
Modesto me contó el proceso de recuperación de la fauna silvestre, el pescado y las taricayas en la cuenca del Yanayacu, cuando las comunidades organizadas con apoyo de la administración de la reserva y de algunas ONG comenzaron a “cuidar” los recursos, esto es, a aprovecharlos inteligentemente, a manejarlos. Me dijo que, en menos de una década, los resultados eran bien notorios, aunque lo son aún más en la actualidad: la abundancia de pescado, animales de caza, y de frutos como el aguaje permiten a las comunidades no solo tener recursos en abundancia para su alimentación, sino ingresos extra por su venta, que se realiza en el marco de los planes de manejo aprobador por la jefatura de la reserva. “Cada vez necesitamos invertir menos tiempo para ir a cazas, pescar o sacar aguaje, porque los recursos están bien cerca de la comunidad”, me comentó con convicción.
He escuchado muchas veces que las áreas protegidas significan atraso para las comunidades, porque les “mezquinan” o “limitan” el uso de recursos. Estas afirmaciones no se ajustan a la verdad, y no resisten el mínimo análisis. Lo único que restringen, efectivamente, es el aprovechamiento maderable con fines comerciales (no de subsistencia) que, a decir verdad, en la actualidad no es gran cosa para la mayoría de las comunidades, porque han extraído hace muchos años las maderas más valiosas que había en sus territorios. El resto de recursos importantes para las comunidades pueden ser aprovechados con planes de manejo, que como hemos dicho hacen posible su recuperación y aprovechamiento sostenible.
Le pregunté a Modesto si creía que su familia y otros pobladores de la comunidad Veinte de Enero vivían mejor ahora o cuando en esta cuenca no había control y los recursos eran “libre acceso”. No lo dudó un momento: “Mucho mejor ahora, por supuesto, tenemos lo que necesitamos y cada vez hay más proyectos que nos ayudan a mejorar nuestros ingresos”. Se refería a, por ejemplo, el proyecto de bebidas Bio de la empresa AJE, que les compra el aguaje manejado (cosechado subiendo a la palmera, no talándola, como la mayoría del aguaje que se vende en Iquitos), y a otros proyectos que la comunidad está impulsando para dar valor agregado al aguaje o preparando para aprovechar otros recursos, como la miel de abejas nativas o la fibra del fruto de la punga.
