- Autoridades denuncian abandono estatal y avance del narcotráfico en la frontera con Colombia y Brasil.
Las autoridades del centro poblado Bellavista Callarú, comunidad indígena de la etnia ticuna ubicada en el distrito de Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla, anunciaron que otorgarán un plazo de 30 días al Gobierno Central para atender la grave situación de inseguridad que enfrentan, advirtiendo que, de no existir una respuesta concreta, evaluarán medidas radicales, entre ellas buscar pertenecer a la patria vecina de Brasil.
El alcalde del centro poblado, Desiderio Flores Ayambo, junto a su asesor Genaro Tananta Panaifo, alertó que la zona vive una situación crítica debido al avance del narcotráfico y el crimen organizado en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, escenario que se ha visto agravado por la ausencia sostenida del Estado peruano.
Según denunciaron, esta falta de presencia estatal ha permitido que organizaciones criminales transnacionales operen con total libertad, generando hechos de violencia como asesinatos, sicariato, extorsiones y amenazas constantes contra autoridades locales, apus y líderes indígenas, quienes viven bajo permanente riesgo.
Las autoridades comunales señalaron que Bellavista Callarú carece de servicios básicos esenciales, así como de presencia policial, sistema de justicia, atención en salud y educación adecuada, lo que ha convertido al centro poblado en un territorio altamente vulnerable y expuesto a la criminalidad.
Indicaron además que esta desconexión con el Estado peruano se evidencia incluso en el ámbito económico, ya que el sol peruano ha sido desplazado por monedas colombianas y brasileñas, reflejando una pérdida de integración real y simbólica con el país.
Ante este escenario, Flores Ayambo reiteró la demanda urgente de creación del distrito de Bellavista Callarú, trámite que —según precisó— lleva más de dos años estancado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a que la población cumple con los requisitos legales y supera en número de habitantes a otros distritos creados recientemente en la región.
El alcalde remarcó que la creación del distrito no responde a intereses políticos, sino que constituye una medida de defensa nacional y protección de derechos humanos, ya que permitiría una instalación efectiva del Estado, el control territorial y la implementación de servicios básicos para frenar el avance del narcotráfico.
Finalmente, las autoridades advirtieron que, si en un plazo de 30 días no se obtiene una respuesta concreta del Gobierno Central, la población se verá obligada a tomar decisiones drásticas, reiterando que su voluntad es seguir siendo parte del Perú, pero exigiendo una presencia real y sostenida del Estado en una de las zonas más sensibles de la frontera amazónica.
(K. Rodriguez)
