- Pesadilla en canal del Puinahua
Una tragedia humana y ambiental pudo ocurrir la madrugada del 25 de noviembre pasado en el canal del Puinahua, a la altura de la comunidad 7 de Junio, por el violento e ilegal abordaje que realizaron a la embarcación Ciudad de Transporte (CT) 38 que iba cargada con petróleo crudo del Lote 95, adquirido a la empresa Petrotal.
Los manifestantes, provistos de escopetas, lanzas entre otros tipos de armas mostraron una total falta de escrúpulos al rociar gasolina sobre la plataforma de la barcaza y amenazar a la tripulación con prender fuego si no acataban su orden de acoderar la nave en 7 de Junio.
Así lo señalan los testimonios de tres de los cuatro ciudadanos brasileños que fueron tomados como rehenes por Aidecobap por 48 horas para obligar a PetroTal que firme una propuesta de adenda al contrato del Lote 95 que aún es materia de negociación en el espacio de diálogo facilitado por el Gobierno.
El capitán de CT 38, Ismael Cardozo Cruz, de 51 años de edad, en su denuncia detalló que a las 05:40 am del 25 de noviembre se acercaron a la embarcación entre ocho a diez canoas impulsadas por motores (peque peques) con entre 20 a 30 personas armadas que amedrentaron a la tripulación y les manifestaron que “ninguna embarcación de PetroTal podía transitar”.
La amenaza de prender fuego a la barcaza era un grave riesgo para la vida e integridad de los tripulantes quienes no tuvieron otra alternativa que acatar las órdenes de los manifestantes, pero también era un potencial atentado contra la biodiversidad del distrito y la reserva nacional Pacaya Samiria por el posible derrame de crudo.
El parte policial asentado en la Comisaría de Bretaña, capital del Puinahua, da cuenta del secuestro de cuatro brasileños y su traslado, contra su voluntad, a Bretaña en condiciones inseguras que, a la luz de los hechos, afectaron su salud y su estado emocional.
El auxiliar del capitán de barco, Orestiano Maciel Do nascimento, de 36 años, declaró que Ismael Cardoso logró convencer a los miembros de Aidecobap de que los liberaran al ver el mal estado de salud de María Luzimar Martins, la cocinera de la embarcación que también fue retenida.
Martins, de 48 años, manifestó que el terror que experimentó por la retención que complicó su cuadro de hipertensión arterial y los problemas cardiacos que tiene.
“Producto de ese problema quedé mal de salud con la presión alta, muy asustada que no pude dormir durante dos días, me ponía peor, sentía que mi corazón pesaba y el dolor de cabeza era insoportable”, recuerda la brasileña.
Cuando los cuatro rehenes fueron liberados pudieron ser auxiliados por la brigada médica de PetroTal, en las instalaciones del Lote 95 que en marzo pasado también afrontó otra protesta de Aidecobap que se prolongó por más de un mes.
Los seguidores de Aidecobap persistieron en exigir a los cautivos que pidan a PetroTal que firme la adenda, lo que grafica el carácter de su “protesta”.
Una vez liberada la embarcación, la tripulación constató el robo de combustible y de objetos personales que agravan los delitos perpetrados que se escuda en un “control territorial” liderado desde Iquitos por el presidente de la asociación y sus asesores.
A la fecha, los seguidores de la asociación persisten con las maniobras en el canal del Puinahua y mantienen su amenaza contra las embarcaciones que brindan servicios a PetroTal, ignorando y pisoteando los Derechos Humanos de los trabajadores y ciudadanos que transitan por esa vía fluvial.
Para la empresa es necesario incluir en la redacción de la adenda al contrato del Lote 95, que crea formalmente el Fondo de Desarrollo del Distrito de Puinahua, el compromiso de realizar el aporte del valor del 2.5% de su producción fiscalizada de petróleo a dicho fondo siempre que su operación y el transporte de crudo por el distrito no sufran paralizaciones por conflictos sociales, como los que promueve Aidecobap.
De esa forma, sostiene, se asegurará la sostenibilidad y crecimiento del fondo que tiene por finalidad financiar proyectos que beneficien a toda la población de Puinahua.
A través de un comunicado, la empresa demandó al Gobierno que realice “las acciones necesarias que permitan reestablecer el orden en el distrito”, garantizar el libre tránsito en los ríos, el respeto por la salud y vida de las personas, cautelar la protección del ambiente y de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en una localidad donde, al día de hoy, rige la ley del más fuerte.
