- Preocupa qué a nivel nacional, Loreto no esté en un lugar significativo.
- Según la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, desarrollado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
Loreto ocupa el primer lugar con un puntaje de 56,5 puntos, lo que indica un nivel alarmante de vulnerabilidad, especialmente en términos de acceso a servicios básicos y educación. Este puntaje refleja las desventajas históricas y estructurales de esta región amazónica. Ucayali y Pasco le siguen con 50,4 y 43,4 puntos, respectivamente, confirmando que las regiones amazónicas y andinas enfrentan serios desafíos en el bienestar de su población.
Dentro de esta macrorregión, los departamentos de Loreto y Ucayali son los más vulnerables. En 2023, Loreto alcanzó un índice de vulnerabilidad de 56,5 puntos, seguido de Ucayali con 50,4 puntos, ambos reflejando una alta exposición a la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y las dificultades socioeconómicas propias de la región amazónica.
Otras regiones como Amazonas (40,5 puntos) y San Martín (39,5 puntos) también muestran altos niveles de vulnerabilidad, pero con índices significativamente más bajos que los de Loreto y Ucayali. Estas cifras evidencian que, aunque la macrorregión oriente ha experimentado algunas mejoras, sigue siendo la más vulnerable del país, con grandes desigualdades entre sus departamentos, lo que resalta la necesidad de abordar las causas estructurales de su vulnerabilidad, como la infraestructura deficiente, el acceso limitado a servicios básicos y las condiciones socioeconómicas desfavorables.
Estos datos destacan la urgencia de implementar estrategias diferenciadas que aborden los retos específicos de Loreto, como la mejora de la infraestructura educativa, la reducción del atraso escolar y el fortalecimiento de las capacidades docentes, mientras que en Moquegua los esfuerzos podrían enfocarse en consolidar los logros alcanzados y cerrar brechas en áreas específicas como matemáticas y comprensión lectora.
Es necesario redoblar esfuerzos en las áreas donde se observa un estancamiento o retroceso para garantizar un cierre efectivo de las brechas sociales
La vulnerabilidad en el Perú no se limita a aspectos económicos, sino que tiene una naturaleza multidimensional que incluye factores sociales, educativos, de salud y acceso a servicios básicos. Las regiones con altos niveles de vulnerabilidad, como Loreto, Pasco, Ucayali, Huánuco y Amazonas, no solo enfrentan pobreza, sino también deficiencias en la nutrición infantil, infraestructura, educación y servicios públicos, lo que perpetúa la fragilidad social y limita su desarrollo económico.
El análisis de la vulnerabilidad en las diferentes macro regiones del Perú revela una notable desigualdad en los índices de vulnerabilidad entre las regiones. Mientras que regiones de la selva como Loreto presentan índices de vulnerabilidad extremadamente altos (56,5 puntos), regiones de la costa, como Moquegua, muestran niveles significativamente más bajos (21,8 puntos). Esta disparidad refleja las diferencias estructurales entre las regiones, especialmente en cuanto a acceso a servicios básicos, calidad educativa o deficiencias nutricionales en la infancia.
El estudio de vulnerabilidad de las personas en el territorio se enmarca en el corazón de la primera fase del ciclo de planeamiento estratégico que es el análisis de la situación actual, que busca comprender las condiciones actuales de las personas o el entorno, en un determinado sector, territorio u objeto de estudio, mediante su caracterización y diagnóstico, basado en evidencia. Mediante este diagnóstico se describen los principales problemas y necesidades que requieren acción inmediata y cuyos beneficios se deberían de materializar en el corto plazo.
En el Perú, la vulnerabilidad de la población ante diversos problemas económicos y sociales sigue siendo un desafío central para el bienestar de la población. A pesar de los avances en diversas áreas durante las últimas décadas, sectores significativos de la población continúan expuestos a situaciones de precariedad que afectan el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda, sino que también se reflejan en la inseguridad alimentaria, el desempleo y las desigualdades de entre mujeres y hombres.
En particular, grupos como los niños, las mujeres, las personas con dificultades de acceso a servicios básicos y aquellas con problemas educativos enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad que limitan sus oportunidades de desarrollo y bienestar.
La población infantil en el Perú es uno de los sectores más afectados por la pobreza y la exclusión social. Las dificultades económicas que enfrentan muchas familias peruanas se traducen en un acceso limitado a servicios de salud, nutrición y educación para sus hijos. Esto aumenta el riesgo de anemia y desnutrición, enfermedades prevenibles y bajo rendimiento académico, afectando negativamente su desarrollo y posibilidades futuras.
La falta de políticas públicas eficaces que protejan a los niños y su entorno familiar podría exacerbar la desigualdad y perpetuar ciclos de pobreza intergeneracional.
Por otro lado, las mujeres en el Perú, especialmente aquellas que pertenecen a sectores rurales o vulnerables, enfrentan una doble carga de discriminación: por su sexo y por su situación económica.
A pesar de las políticas de igualdad que se han implementado, la informalidad y brechas laborales, la violencia contra la mujer y la falta de acceso a servicios de salud y educación continúan limitando el desarrollo personal y profesional de las mujeres. Esta situación es más crítica en las áreas rurales, donde las mujeres enfrentan obstáculos adicionales debido a la distancia, la falta de infraestructura adecuada o normas culturales arraigadas que restringen su participación plena en la sociedad.
Finalmente, la población con problemas en el acceso a servicios básicos, como agua potable, electricidad y saneamiento, sigue siendo una de las más vulnerables en el contexto peruano. Una parte de la población, especialmente en zonas rurales y periféricas de las grandes ciudades, carecen de infraestructura adecuada que garantice su acceso a estos servicios esenciales, lo que aumenta su exposición a enfermedades y dificulta su integración social y económica.
A esto se suma la situación de la población con problemas educativos, que enfrenta barreras significativas para acceder a una educación de calidad. La deserción escolar, la falta de infraestructura educativa adecuada y las disparidades regionales perpetúan la desigualdad y limitan las oportunidades para las futuras generaciones lo cual se evidencia en la baja competitividad.
En este contexto, la vulnerabilidad de estos cuatro grupos requiere un enfoque integral que considere sus necesidades específicas. Por esta razón, el Ceplan ha construido el índice de vulnerabilidad, al cual realiza seguimiento anualmente, así como a sus distintos componentes, para comprender mejor la condición de vulnerabilidad de las personas desde las distintas carencias que afectan el bienestar de la población y encarar esta heterogeneidad desde una mirada multidimensional.
También es preocupante que más del 70 % de locales escolares públicos no cuenten con los tres servicios básicos (agua potable, electricidad y saneamiento), elementos esenciales para un entorno de aprendizaje adecuado y saludable. La falta de acceso a estos servicios compromete directamente la calidad educativa, ya que los estudiantes y docentes no pueden desempeñar sus actividades en condiciones mínimas de higiene, seguridad y bienestar.
Sin embargo, a nivel nacional se presentan brechas aún más pronunciadas lo que lleva a que se hayan estimado valores aún mayores que el promedio nacional en varias regiones. Es el caso de Loreto (44,2 puntos), Ucayali (40,7 puntos), Huánuco (33,9 puntos), Cajamarca (33,4 puntos), Piura (32,4 puntos) y La Libertad (32, 0 puntos), entre otros.
Aunque se habrían logrado avances en la cobertura educativa, persisten desafíos significativos que requieren políticas que mejoren el desempeño académico, reduzcan el atraso escolar y garanticen un acceso equitativo a recursos educativos y condiciones de infraestructura adecuadas.