Portarse mal en casa ajena no solo es una actitud desagradable, sino también el reflejo de lo que en verdad es el sujeto. Eso es lo que nos han venido mostrando ciertos ciudadanos extranjeros que se han visto involucrados en problemas de orden legal. Los que más problemas han causado son personas de nacionalidad colombiana que, se han dedicado a ocupaciones que están normadas legalmente, pero ellos han caído en delitos como la usura prestando dinero con intereses más altos que los bancarios, normados por la Superintendencia de Banca y Seguros. Aunque hay usureros regionales también.
En el caso de los colombianos al haberse dedicado a esta actividad, han infringido las disposiciones que deben observar durante su permanencia en nuestro territorio, en su calidad de turistas, lo que es motivo de sanciones que establece la Ley y que corresponde a la Dirección de Migraciones y Naturalización de la DGGI, aplicarlas.
La extensión de nuestro territorio amazónico no debería ser pretexto para eximirse de responsabilidades que deben cumplirse al pie de la letra. Para eso debe haber un estricto control de quién entra, quién sale y quién permanece en nuestro territorio, quién o quiénes han sido expulsados y por qué, a fin que no se les vuelva a permitir la entrada. No puede haber disculpa para eso.
Los que han cometido faltas y son autores de ilícitos penales deben ser puestos de vuelta a su país de origen, como señala la legislación internacional. Es esto también deben colaborar las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestra ciudad, como corresponde.
Extranjero que comete una falta o un delito debe ser procesado de acuerdo a ley, al mismo tiempo de contar con la garantía del derecho a la defensa otorgada en cualquier lugar del mundo. No podemos exponer a nuestra población y de ser encontrados culpables, aplicarles las sanciones respectivas.
