Dictan siete meses de prisión preventiva contra dos extranjeros por minería ilegal en el río Putumayo

La Corte Superior de Justicia de Loreto a través del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas a cargo del Abg. Alejandro Fernández Shuña, declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto – sede Iquitos, e impuso siete meses de prisión preventiva contra los ciudadanos de nacionalidad colombiana, Educardo Gómez Aroca y Yerfenson Villalba Quiro. Ambos son investigados en calidad de coautores por la presunta comisión del delito contra el medio ambiente, en la modalidad de minería ilegal agravada, en agravio del Estado peruano.
Los procesados fueron capturados en flagrancia el pasado 4 de julio de 2026 durante la operación de interdicción denominada «Huangana», la cual fue ejecutada en el río Putumayo por el personal de la Fuerza de Tarea Unificada Putumayo (FTUP) a bordo del B.A.P. Clavero. De acuerdo con el requerimiento fiscal, los imputados se encontraban operando dos dragas artesanales acondicionadas con sistemas de succión, motores y tolvas de lavado para la extracción ilegal de oro. Al notar la presencia de la Marina de Guerra del Perú, intentaron darse a la fuga arrojándose al agua para alcanzar la orilla, lugar donde fueron interceptados y reducidos por las fuerzas del orden. Cabe precisar que las estructuras flotantes y los insumos logísticos empleados para el ilícito fueron destruidos e incinerados in situ conforme a la normativa vigente.
Al verificarse la concurrencia de los presupuestos materiales previstos en el artículo 268° del Código Procesal Penal, el órgano jurisdiccional determinó que el plazo de la medida coercitiva se computará desde el momento de la detención de los investigados y vencerá el próximo 4 de febrero de 2027.
En consecuencia, el juzgado dispuso el oficio inmediato a la dirección del Establecimiento Penitenciario de Varones de Iquitos para el respectivo internamiento de Gómez Aroca y Villalba Quiro bajo las medidas de seguridad de ley. Asimismo, se cursaron las comunicaciones correspondientes a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para garantizar el estricto cumplimiento de la presente resolución judicial.