- Municipio no realiza cloración del agua y mantenimiento de piletas públicas.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto recomendó a la Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla adoptar acciones urgentes para garantizar la cloración del agua que abastece a la población de Caballococha a través de piletas públicas, así como realizar el mantenimiento periódico de esta infraestructura, en tanto dicha localidad carece de los sistemas de agua y saneamiento.
Durante una visita a la zona, se pudo verificar, también, que las piletas públicas instaladas años atrás por la municipalidad, son utilizadas por la mayoría de la población, la cual brinda atención directa a dicho sistema, sin asistencia e intervención de la autoridad municipal.
“Esta situación es sumamente preocupante porque evidencia el desentendimiento de la autoridad pública respecto a las condiciones del abastecimiento del agua de la población, lo cual vulnera sus derechos a la salud y al acceso al agua potable. Por esa razón, hemos solicitado al alcalde de la provincia que adopte las acciones necesarias para garantizar la cloración del agua en Caballococha. Además, es necesario que asuma la prestación de los servicios de agua y saneamiento en la zona, conforme a sus responsabilidades descritas en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”, precisó el jefe de la oficina defensorial, Abel Chiroque.
Asimismo, el representante de la institución solicitó a la oficina desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en Loreto, así como a la Unidad de Salud Ambiental del Gobierno Regional de Loreto, brindar asistencia técnica a la municipalidad para el fortalecimiento de capacidades en materia de prestación de los servicios de agua y saneamiento, y en el tratamiento del agua para consumo humano, respectivamente, así como realizar las acciones de supervisión y monitoreo que a ambas entidades les corresponde.
Chiroque resaltó que el acceso al agua potable es un derecho humano, por lo que su vigilancia y garantía es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles. En ese sentido, enfatizó que nuestra institución realizará el seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones en el tema.
Para la Defensoría del Pueblo es fundamental que las entidades competentes en materia de agua y saneamiento cumplan con sus obligaciones, teniendo en cuenta que de ello depende que la población vea satisfechos sus derechos a la salud y al agua potable, en particular, la población en situación de vulnerabilidad en nuestro país.
(K. Rodriguez)
