- Ing. Eusebio Vega Bueza, gerente técnico de COHIDRO.
- Se trata del plan de trabajo para el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto Hidrovía Amazónica.
- Estudio debe entregarse en el plazo de 14 meses que corre desde setiembre 2017.
Son cerca de 20 instituciones públicas (Produce, Sernanp, Serfor, Senace, IIAP, y otras) que opinarán sobre el plan de trabajo para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto Hidrovía Amazónica.
Así informó el Ing. Eusebio Melchor Vega Bueza, gerente técnico de la empresa Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. COHIDRO, que estuvo en Iquitos y Nauta participando de talleres informativos sobre este proyecto.
“Una vez autorizado el plan recién podremos iniciar los trabajos de investigación en el río”. Estudio que debe entregarse en el plazo de 14 meses que corre desde setiembre 2017.
Señaló que el estudio debe determinar la línea base en primer lugar y sobre ello las acciones del proyecto, como el estudio de los efectos que pueden ser negativos o positivos. A los negativos tratarán de minimizarlos y plantear un plan de manejo ambiental.
Sobre si los efectos negativos determinarían que se ejecute o no el proyecto de Hidrovías, comentó: “Eso ha sido uno de los cuestionamientos durante los talleres de información. Es una obligación que el estudio de impacto ambiental tiene que ser aprobado por el Senace, si no se aprueba, de acuerdo al contrato de concesión no podríamos iniciar ningún trabajo de dragado”.
Precisó que para iniciar cualquier trabajo de dragado o intervención en el río, para poder tener un canal navegable de 8 pies de profundidad de agua, requieren de tres hitos que se cumplan: Primero tener aprobado el Estudio de Impacto Ambiental Detallado, segundo que deben tener también aprobado el Estudio Definitivo de Ingeniería y el tercero que deben tener el Cierre Financiero del Proyecto.
“Cualquiera de los tres que no se apruebe, no podríamos, digamos, ejecutar el proyecto o iniciar los trabajos de dragado. Requerimos que los tres hitos se cumplan de manera conjunta”. Todos deberían estar concluyendo en abril 2020, y de ser aprobados deberían iniciar obras de dragado en los 13 malos pasos en mayo del mismo año.
Acotó: “Si el estudio de impacto ambiental no se aprobaría por el Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), pues entiendo yo que habría un plazo adicional para poder revisar cuáles son los elementos problemáticos y buscaremos una solución a ello. Si más adelante el estudio sigue generando impactos negativos prácticamente no remediables, aunque técnicamente todo es posible, bueno, el Estado tendrá que tomar una decisión sobre el contrato de concesión”.
PEAJE Y PROBABLE CONSULTA A ARMADORES
Con respecto al peaje o la tarifa fluvial que está establecida en el contrato de concesión, indicó que “no fue impuesto por el concesionario en primer lugar, esto es parte del contrato de concesión que fue concebido por el Ministerio de Transporte, que entendemos considera que cualquier inversión que se haga en mejora de una región, es cierto que hay un aspecto social que el propio ministerio está apoyando y lo que requiere de alguna forma, es recuperar en algo la inversión”.
Vega Bueza, también comentó: “tengo entendido que durante el desarrollo del proyecto por parte del Ministerio de Transportes se ha hecho las consultas probablemente a los armadores con respecto a la disposición a pagar esta tarifa. Probablemente el valor (peaje) haya sido consensuado con los armadores”.
Agregó: “Mi opinión personal como concesionario es que este es un proyecto bastante complejo para nosotros, porque estamos trabajando en un río dinámico, cambiante en el tiempo y por consiguiente garantizar la hidrovía del punto de vista de canal navegable también va a ser para nosotros bastante dificultoso.
Por lo tanto, los beneficios del canal navegable pueden tomar un tiempo para que los armadores y la población puedan observar que efectivamente la hidrovía sí le está trayendo beneficios. Y por consiguiente es probable que el Ministerio esté revisando estos conceptos de la tarifa a efectos que puedan suspenderlas o reducirlas, pero será una tarea del propio ministerio con los armadores”. (Diana López M.)
